CDMX — A más de una década de operación del Sistema Penal Acusatorio, México se encuentra en un panorama de más injusticias que reparación del daño a víctimas y la reinserción social, y de 14 medidas cautelares vigentes sólo se recurre a una: prisión preventiva, camino fácil que va en contrasentido del principio propersona.
Tan sólo el MP detenta “el monopolio inquisidor”, donde además están desprovistos de dignidad humana, advierten abogados (litigantes, jueces y magistrados), durante el foro a ‘10 años del Sistema Penal Acusatorio o Adversarial, Alcances y Prospectivas’, realizado en la Cámara de Diputados.
A instancias del legislador morenista Sergio Mayer, el Salón Verde se volvió como un ‘muro de lamentos’, dada la cantidad de exposiciones, más en sentido negativo, del panorama que vive México en la procuración e impartición de justicia.
Con la participación del magistrado Moisés Molina Reyes arrancó el foro. El letrado hizo énfasis en que este país requiere más jueces y más ministerios públicos, y con ello mayor presupuesto para combatir los rezagos en tribunales.
“Tengo por regla de oro que lo más importante dentro de un discurso las más importantes, pues son el principio y el final del mismo. Tengo una propuesta que levanta las cejas en los espacios políticos, como éste´, sobre seguridad y justicia. Y esta propuesta tiene que ver con un ‘candado’ constitucional, incluso es un lanzamiento a un desafío, y se refiere a que se obligue a todos los estados del país a destinar, como mínimo, 2 por ciento de presupuesto. Todo el sistema de seguridad y justicia pasa por presupuesto y financiamiento”, puntualizó.
Molina Reyes esgrimió también una crítica: Hay promesas incumplidas. Y expuso que, de acuerdo con el estándar de la ONU en este tema, es que se necesitan son más jueces.
“Necesitamos 18 jueces por cada 100 mil habitantes. En Oaxaca no sólo tenemos a los jueces más mal, los peor pagados de toda la República, sino que hay 3 jueces por cada 100 mil habitantes”, refirió sobre el estado que tiene el mayor número de municipios, con 572.
México tiene altos índices de impunidad que se ‘cuela’ por la falta de presupuesto, por falta de capacitación, por falta de jueces y magistrados quienes, además, tienen que suplir las deficiencias de los MP.
El magistrado Reyes Molina demandó mayor independencia judicial presupuestal, para que los operadores del sistema de justicia lo que tengan que subsanar.
Marco Antonio Avilés, abogado egresado de la UNAM y experto en justicia con enfoque de derechos humanos por diversas instituciones como la Universidad del Claustro de Sor Juana, fue el segundo ponente que centró su discurso sobre los procesos de extradición de presuntos responsables de hechos delictivos que afectan el Estado de derecho de otros países.
“A 10 años de este sistema ya no necesitamos el libreto de la oralidad. Esa etapa debió quedar superada. En febrero de 2025, México trasladó a 39 personas hacia Estados Unidos. Se reconoció que no fue un proceso de extradición, sino de un envío o una transferencia bajo la mirada del Consejo de Seguridad. No estamos ante un debate académico, sino legal, que tensiona la Constitución”, comentó el experto.
Avilés dejó en claro que el sistema penal acusatorio, el Estado constitucional, no es un adorno. Y el artículo 14 de la Constitución demanda tajantemente juicios.
Y el artículo 16 de la Carta magna es más duro aún, y el 11 también.
“Puede decirse que estos traslados no fue un tema de tránsito, sino de seguridad nacional, que se define como el conjunto de acciones para preservar la ley, que rige la legalidad, el respeto de derechos humanos y de control”.
El especialista criticó además la intervención de las comunicaciones, lo que sólo debe darse por mandato judicial y en respuesta a los supuestos que marca la ley, principalmente la Constitución.
“La Ley de Seguridad Nacional regula comunicaciones (entre otros aspectos), pero no la entrega de personas. Que debe darse bajo juicios”, subrayó, y demandó el respeto a los derechos humanos.
Pidió a la Cámara de Diputados que revise tratados internacionales, y no resolver con ‘atajos’, porque con eso el Estado mexicano admite que no puede ser garante de su administración de justicia.
“Un sistema de justicia selectivo es la antesala de un autoritarismo”, aseveró.
José de Jesús Briones pidió que estos foros sean permanentes con el objetivo de resarcir las fallas que impiden el acceso de la justicia, como la propia ética de sus operadores.
Llamó a los jóvenes a poner énfasis en esta formación.
Marisela Cifuentes, maestra de semana completa, centró su exposición sobre “Prisión sin condena o Estado de derecho”.
“Cuando hablamos de prisión sin condena, hablamos de prisión preventiva. Y ésta tiene dos modelos, la preventiva y la oficiosa o justificada, que deriva de un catálogo de delitos que la ameritan”, dijo de entrada.
Comentó que ambas medidas se deben aplicar bajo sus propias limitaciones (excesiva o arbitraria (conforme a visiones de los años 90 del siglo pasado).
“El artículo 19 de la Constitución establece que será el MP quien solicite la medida de prisión preventiva oficiosa, cuando no haya otra medida”.
La experta también puntualizó que estas medidas responden a que los procesos pueden ser muy largos.
Refirió reportes recientes sobre “Los riesgos de la prisión justificada”, 9 de cada 10 solicitudes se conceden por los jueces, y representan 99. 1, 99.2 por ciento.
Fallas técnicas en la transmisión de críticas a la justicia mexiquense
José Manuel Saucedo, especialista en materia penal y en amparo. Es experto en la teoría del delito y trabajó en la FGR.
En su ponencia hizo propuestas de avanzada sobre temas cotidianos vinculados con los bienes inmuebles.
Primero criticó que, en Tlalnepantla, Estado de México, no se permita a los litigantes ingresar a las audiencias ni siquiera con el celular, mientras que en Puebla dan acceso con la computadora portátil.
El experto apuntó hacia la administración de justicia en el Estado de México, donde se encuentran muchas trabas en la administración de justicia.
Concluyó que cuando el MP no presenta la acusación se le deja al fiscal general, y si éste no lo hace… “Se los dejó de tarea”.
En su intervención, el sistema de transmisión se cortó cuando hablaba de las fallas de los tribunales mexiquenses.
Édgar Jesús Campos Burgos, exjuez en el Reclusorio Norte, admitió retos cuando se debía aplicar el Sistema Penal Acusatorio, sobre todo cuando irrumpe el gran concepto de la preponderancia de los “derechos humanos”.
MP ha dejado de lado su obligación en la investigación del delito
Édgar Jesús Campos Burgos, exjuez en el Reclusorio Norte, admitió retos cuando se debía aplicar el Sistema Penal Acusatorio, sobre todo cuando irrumpe el gran concepto de la preponderancia de los “derechos humanos”.
Pero se cargó, como en la mayor parte de la opinión de los expertos y de las propias víctimas, sobre el MP.
“La reforma judicial que dio paso al Sistema Penal Acusatorio no ha cumplido su objetivo como protector de derechos humanos. Ha perdido su sentido”, dijo, y señaló que, a diferencia del sistema mixto, que demandaba, marcadamente, donde todo, todo, recaía en la investigación del Ministerio Público.
Este sistema derivó de acuerdos con diversos países, y aunque ha habido avances, hay fallas trascendentales.
Campos Burgos puntualizó que a 10 años de este Sistema Penal Acusatorio ha permitido que el MP deje de ser diligente y se crean carpetas de investigación sin técnicas de investigación. Y el objetivo era quitarle el “monopolio al MP de ser el órgano persecutor de delitos”.
Y fue muy claro en decir que “parece” que los derechos humanos van para atrás.
Además, cuestionó dónde están los controles de convencionalidad.
Édgar Jesús Campos Burgos afirmó que la mayoría de los casos terminan en juicios y en prisión preventiva oficiosa.
“Este sistema buscaba tener menos personas en prisión. Estamos acostumbrados a una sociedad de castigos. México no llega a la mediación”.
Samuel Ibarra Vargas, académico egresado de la Escuela Libre de Derecho, resaltó la sobrepoblación carcelaria.
El experto expuso, con datos del Inegi, que en México existen 14 medidas cautelares contra presuntos responsables, pero sólo se hace de una de ellas: la prisión preventiva oficiosa, lo que ha provocado que más 51 por ciento de los centros de reclusión enfrenta sobrepoblación, pues 1 de cada dos de esos espacios de la reinserción están desbordados.