Esta semana, el caso de Diego Rivera Navarro, alcalde detenido de Tequila en Jalisco causo revuelo a nivel nacional. El ahora ex presidente municipal recibió múltiples denuncias por extorsión y asociaciones con el crimen organizado, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con la organización de “El Mencho” lo llevaron a realizarle un concierto a este líder criminal en su comunidad, además de haber ofrecido 40 millones anuales.
Los Ángeles del Barranco: el concierto que organizó Diego Rivera para “El Mencho”
La polémica se originó tras presentaciones del grupo de narcocorridos Los Alegres del Barranco en 2025, donde durante un espectáculo se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, mientras se interpretaban canciones asociadas con el capo. El hecho provocó señalamientos por presunta apología del delito y derivó en investigaciones de la Fiscalía de Jalisco contra los organizadores y autoridades involucradas.
Uno de esos eventos ocurrió en el municipio de Tequila, donde el concierto fue organizado con conocimiento de autoridades locales. Debido a la controversia generada, el entonces alcalde Rivera Navarro fue citado a declarar para explicar su relación con la presentación musical y las circunstancias del espectáculo.
Las investigaciones también apuntaron a que durante el concierto se interpretaron canciones que exaltaban al grupo criminal y su líder, lo que aumentó la presión pública y política sobre el gobierno municipal.
40 millones de pesos al año por los nexos con el narco
De acuerdo a las denuncias y testimonios, Diego Rivera Navarro pactó con este grupo criminal una suma de 40 millones de pesos al año provenientes del erario a cambio de operar con su apoyo operaciones de extorsión, cobro de piso y secuestros para recabar dinero de forma ilícita. Además, utilizaba recursos del ayuntamiento para estas actividades, por lo que también fueron detenidos otros miembros de su gabinete.
Mientras tanto, la Operación Enjambre sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con la presunta red de corrupción municipal. Las autoridades federales sostienen que el objetivo es cortar vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, en un contexto donde el caso de Tequila se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la presunta infiltración del narcotráfico en estructuras gubernamentales locales.