Entre cuestionamientos de la oposición que la calificó de “justicia a medias”, el Senado aprobó la reforma que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas que será aplicada de manera gradual hasta el 2030 aunque no se establece de manera específica el descanso obligatorio de dos días lo que abre la puerta a que se mantengan jornadas de 6 días.
PAN, PRI y MC fustigaron que esta reforma que busca beneficiar a más de 13.5 millones de trabajadores se aplique de manera gradual hasta el 2030 pues recordaron que la reforma al artículo 123 para que los trabajadores al servicio del Estado ganen al menos 19 mil pesos, no se ha publicado a pesar de que se aprobó hace dos años.
“Es una simulación, si no lo fuera ya hubiera publicado esa reforma al artículo 123 para que policías, médicos ganen al menos 19 mil pesos mensuales, pero no lo han hecho porque solo es discurso…por eso la gradualidad, porque van a hacer lo mismo…no publicarla”, acusó la senadora del PRI, Carolina Viggianno.
El presidente de la comisión de puntos constitucionales del Senado, Oscar Cantón Zetina fijó la postura de Morena donde salió al paso de las críticas y justificó que la gradualidad es por prudencia económica pues si no se aplica de esta manera sería llevar al fracaso esta reforma de reducción a 40 horas de trabajo.
JUSTICIA A MEDIAS
La oposición acusó que se trata de “justicia a medias”, pues se abre la posibilidad de una jornada extraordinario donde los trabajadores amplíen su trabajo a través de las horas extras.
“Es una justicia a medias porque en México el 55% de los trabajadores están en la informalidad, o sea, que esta reforma a más de la de los trabajadores de Méico no les va a beneficiar absolutamente en nada”, acusó el senador del PAN, Marko Cortés
Asimismo alertó que si esta reforma es mal ejecutada puede generar informalidad. “Dicho de otra forma, que quienes están en la formalidad prefieran o sean despedidos y pasen a la informalidad”, detalló
“¿Cuál es la razón para aplicar su aplicación hasta el 2030?”, fustigó el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda
El emecista criticó que no se haya establecido de manera explícita los dos días de descanso obligatorio pues ello abre la puerta a jornadas laborales de más de 48 horas sin que les cueste mucho a los patrones.
El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para su ratificación y garantiza que la disminución de horas no implicará reducción salarial y redefine las reglas del trabajo extraordinario.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la garantía de que la disminución de horas de trabajo no implicará una reducción salarial, preservando así el ingreso de las y los trabajadores.
En ese sentido, se ampliaron las horas extras de 9 a 12 horas extra por semana, las cuales deberán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias, hasta en cuatro días dentro de la misma semana.
El pago de estas horas será del 100 por ciento adicional al salario ordinario, mientras que, en caso de rebasar dichos límites, se deberá cubrir un pago de hasta el 200 por ciento, como medida disuasiva para evitar abusos.
El dictamen también endurece las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años, con el fin de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se mantiene el derecho constitucional a un día de descanso por cada seis días de trabajo, con goce de salario íntegro, sin que la reducción de la jornada modifique esta prestación.
La senadora del PRI Cristina Ruiz lanzó una dura crítica al oficialismo, al acusar a Morena de mentir sistemáticamente y de pretender impulsar lo que calificó como “la reforma del cansancio y de la explotación”.
Ruiz sostuvo que la verdadera demanda social es una jornada de cinco días laborales y dos días de descanso, con menos horas extras y mejor remuneradas, además de sanciones reales para los empleadores que incumplan. “Cambiarle el nombre al esquema no significa que el trabajador descanse más”, advirtió.
El documento reconoce al estrés laboral como un problema estructural de salud pública, y retoma estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que vinculan las jornadas prolongadas con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, agotamiento profesional y enfermedades psicosociales.
De acuerdo con estos datos, el 75 por ciento de las personas trabajadoras en México padece algún nivel de estrés laboral, cifra que coloca al país en el primer lugar mundial en esta problemática. Además, se estima que una cuarta parte de los infartos registrados anualmente está relacionada con factores laborales.