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Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, afirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial hizo justicia, porque el juzgador favoreció en diversas ocasiones al exgobernador de Tamaulipas

Celebran en Morena inhabilitación de juez Juan Alvarado vinculado con proceso contra García Cabeza de Vaca

CDMX — Luego de que el Tribunal de Disciplina Judicial informara que el juez federal Juan Fernando Alvarado López fuera quedó inhabilitado tras diversas denuncias desde Morena por considerar que favoreció al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusado de diversos delitos graves, Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, celebró que se “haya hecho justicia”.

El legislador morenista refirió que, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral ya le había negado la candidatura a diputado federal plurinominal a Cabeza de Vaca, el juez Alvarado López intentó favorecerlo otorgándole una suspensión para que se le restituyera esa aspiración.

Dijo que él, en abril de 2024, em su carácter de representante de Morena ante el INE, presentó una demanda ante el entonces Consejo de la Judicatura en contra del juez, por su intento de proteger a Cabeza de Vaca y facilitar que obtuviera la candidatura plurinominal para conseguir fuero y continuar evadiendo la justicia.

“El anterior Consejo de la Judicatura, encabezado por Norma Piña, no se atrevió a sancionarlo. Hoy, el nuevo Tribunal de Disciplina demuestra que sí hay voluntad para actuar con firmeza frente a la corrupción”, señaló.

Gutiérrez Luna afirmó que Alvarado López protegió a Cabeza de Vaca frente a órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, otorgándole suspensiones para garantizarle supuestos derechos político-electorales, con el propósito de que pudiera contender como candidato plurinominal por el PAN y así obtener fuero.

El diputado morenista indicó que este juzgador fue cómplice de Cabeza de Vaca, y había razones de sobra para suspenderlo y terminar con la red de protección que permitió la impunidad del exgobernador, sostuvo.

El pasado miércoles el Tribunal de Disciplina resolvió que el juez Juan Fernando Alvarado López actuó ilegalmente en su cargo al dictar varias resoluciones en juicios de amparo y determinó que no se trató de simples errores, sino de “fallas muy graves e injustificables” que rebasaron lo que puede considerarse aceptable en el trabajo de un juez.

Sergio Gutiérrez Luna enfatizó que este tribunal emitió decisiones y acuerdos apartándose claramente de lo que marca la ley.

“Es decir, ignoró reglas expresas y dejó de actuar con la objetividad, imparcialidad y seriedad que deben caracterizar a cualquier persona que imparte justicia, por lo que lo inhabilita para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y a participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas”.

Agregó que Tribunal de Disciplina analizó el asunto relacionado con la suspensión que el mencionado juez concedió para que no fuera removido de su cargo el entonces Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, afín a Cabeza de Vaca.

El diputado morenista dijo esta resolución representa un paso importante en el fortalecimiento de la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial y reconoció el trabajo del nuevo Tribunal de Disciplina por actuar con responsabilidad y apego a la ley. Confió en que este órgano continuará desempeñando su labor con firmeza y profesionalismo para garantizar la integridad y legalidad en la impartición de justicia.

DESTITUYEN POR 20 AÑOS A SERVIDOR PÚBLICO

La Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo del Órgano de Administración Judicial (OAJ), presidida por José Alberto Gallegos Ramírez, e integrada por Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez, en el marco de la quinta sesión ordinaria, celebrada el 6 de febrero del presente año, resolvió por unanimidad siete procedimientos de responsabilidad administrativa, determinando en uno de ellos la destitución e inhabilitación por un periodo de veinte años de un servidor público, tras un análisis exhaustivo del expediente correspondiente y con estricta observancia a los derechos humanos y apego a la normatividad aplicable.

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