En la lista de los más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA), tras el abatimiento de El Mencho este 22 de febrero en Jalisco, un nombre figura como el siguiente más buscado: Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Alfredo Guzmán Salazar, también conocido como Alfredillo, es considerado el tercero más buscado en la lista de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU., después de Yulian Carías, identificado como Alexander Mendoza, alias Porky o Gordo, líder de La Mara Salvatrucha (MS-13), designada como una «organización terrorista» extranjera por el gobierno de Estados Unidos.
¿Por qué delitos Alfredo Guzmán está en la lista de los más buscados de la DEA?
Alfredo Guzmán, nacido en 1983, alias Alfredillo, es buscado por la DEA por presuntas violaciones federales como: conspiración para poseer con intención de distribuir una sustancia controlada; intento/conspiración – sustancia controlada – importación/exportación con intención de distribuir, de acuerdo con la ficha de búsqueda del organismo.
¿Quién es Alfredillo? El criminal más buscado por la DEA tras la muerte de El Mencho
Alfredillo es un narcotraficante mexicano e hijo del encarcelado exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se sitúa como el segundo criminal de origen mexicano más buscado por la DEA, después de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la eliminación de El Mencho, por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, de acuerdo con el sitio oficial de la Administración de Control de Drogas estadounidense, ahora Alfredillo Guzmán, quien es considerado figura central en Los Chapitos, facción de El Cártel de Sinaloa, es el siguiente objetivo de búsqueda de la agencia, por quien se ofrecen 10 millones de dólares a quien otorgue información para su captura.
Designar a organizaciones criminales como “terroristas”: una medida imprecisa con amplias consecuencias legales y políticas
De acuerdo con Rachel Levinson-Waldman, del Brennan Center for Justice, el plan de Donald Trump para designar a los cárteles como organizaciones terroristas podría afectar a un alto número de personas sin vínculos con el narcotráfico ni con el terrorismo. La especialista advierte que la medida tendría efectos legales amplios y potencialmente desproporcionados.
En su artículo sobre el alcance de esta propuesta, sostiene que clasificar como FTO o SDGT a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa o la Mara Salvatrucha resulta impreciso. Aunque cometen delitos graves, sus actividades no necesariamente encajan en la definición jurídica internacional de terrorismo.
La orden ejecutiva estadounidense los describe como “organizaciones que inundan a Estados Unidos con narcóticos y controlan el tráfico ilegal en la frontera sur”. Sin embargo, para Levinson-Waldman, esa caracterización responde más a una narrativa política que a una definición legal estricta.
El debate también está presente en el derecho internacional. Un análisis de la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que no existe consenso global sobre qué constituye terrorismo ni sobre cómo debe aplicarse esa categoría.
Aunque hay condena general al terrorismo, persisten diferencias profundas entre los Estados sobre qué actos deben recibir esa calificación. Por ello, designar a los cárteles como “terroristas” abre no solo un frente penal y financiero, sino también una discusión jurídica y política de fondo.
¿Qué implica que el Gobierno de Estados Unidos clasifique como terroristas a los cárteles mexicanos?
Rachel expresa que “la fácil disponibilidad de los narcóticos potentes ha causado un sufrimiento enorme”; sin embargo, insiste en que “el alcance de estas medidas inevitablemente atrapará e infligirá daños devastadores a un gran número de personas, tanto migrantes como ciudadanas o residentes estadounidenses, quienes tienen poca o nula conexión con el narcotráfico o el tráfico de personas, y mucho menos con el terrorismo”.
Así lo señaló la directora del Brennan Center for Justice, una organización que realiza investigaciones rigurosas para identificar problemas, proporcionar datos empíricos exhaustivos y elaborar análisis sólidos sobre temas políticos y legales relevantes.