En México, el embarazo infantil se considera como la gestación en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, lo que lo hace diferente al concepto de embarazo adolescente donde el rango de edad va de los 15 a los 19 años, estos rangos son establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). La mayoría de estos embarazos son el resultado de abuso sexual, uniones tempranas o matrimonios forzados.
Desafortunadamente aun con el gozo del acceso a información y la renovación de leyes, las cifras de estos casos persisten. Actualmente se estima que en México ocurren entre 5,000 y 7,000 nacimientos anuales en niñas menores de 15 años.
Existen diversos factores en el país que alimentan estas cifras y a las cuales se debe poner atención de manera directa con el objetivo de erradicar estos contextos, algunos ejemplos son:
- Maternidad forzada: El último reporte de 2025 por parte de la Secretaría de salud muestra el registro de 269 casos de morbilidad materna extremadamente grave, es decir, niñas en riesgo por enfermedades o padecimientos derivados de un embarazo, parto o postparto lo que podría derivar en la muerte sencillamente porque el cuerpo de una niña no está preparado para sostener una gestación.
- Violencia Sexual: Las estadísticas muestran que la mayoría de estos embarazos ocurren en el ámbito familiar o comunitario cercano, muchas veces a causa de abusos que a pesar de ser un crimen y una forma severa de violencia siguen siendo una realidad que ocurre en todos los estratos sociales.
- Desigualdad Regional: Otro de los factores principales es debido a que aún existen regiones del país que se rigen bajo criterios propios comúnmente derivados de tradiciones y costumbres, tal es el caso de estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca que continúan presentando las tasas más altas de embarazos infantiles, especialmente en zonas de pobreza urbana y comunidades indígenas.
- Ausencia de Educación Sexual: Persisten barreras culturales que impiden el acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) desde la educación básica.
La persistencia de esta situación también trae consecuencias graves y muchas veces permanentes para madres e hijos. La mayoría de niñas que son obligadas a maternar, abandonan la escuela de manera temporal o definitiva lo que afecta directamente su desarrollo personal y profesional al mermar oportunidades laborales ulteriores, perpetuando la precariedad económica para ellas y el infante.
Su salud mental también se ve afectada ya que no solo su cuerpo no está listo para crear una nueva vida, sino que su estabilidad mental no les permite afrontar de manera positiva un embarazo o una realidad en la que se les obliga a cuidar un bebe, ello acarrea problemas serios de ansiedad, estrés y depresión.
Ante esta problemática, México ha establecido distintos planes que ayudan a combatir esta cruda realidad, entre ellos la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) donde existe una colaboración de distintas secretarías y organizaciones como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Esta alianza trabaja con el objetivo de reducir a cero los embarazos en niñas de 10 a 14 años y la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años.
La estrategia abarca distintos ejes con la finalidad de cubrir las áreas necesarias que coadyuven a lograr el objetivo. Algunas de las herramientas que utilizan son:
- Prevención de la violencia: Identificar y atender los casos donde el embarazo sea resultado de un abuso sexual, especialmente en menores de 14 años.
- Servicios Empáticos: Brindar atención de calidad en las clínicas y centros de salud, siempre con personal altamente capacitado y empático que mantenga un perfil de confianza.
- Acceso a información y métodos anticonceptivos: Promover el acceso a la información de forma laica y en favor de sus derechos, así como la adquisición gratuita de métodos anticonceptivos y planificación familiar.
Es importante destacar que la ENAPEA no califica el embarazo infantil como una “falta de cuidado” sino que reconoce su conexión con las faltas de oportunidades, pobreza, violencia de género y demás contextos sociales, respetando la realidad de cada niña y adolescente.