CDMX — Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, indicó que la decisión de que el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum sea enviado al Senado es una decisión que sólo le concierne a ella, y esta segunda propuesta elimina la inclusión que se hacía respecto a que en la consulta también se incluyeran temas de carácter electoral.
El líder parlamentario negó cualquier amago de los aliados de Morena, el PT y el PVEM para acompañar esta reforma en relativo a la consulta popular.
“Sí generó al interior de los aliados y de la coalición ciertas propuestas de nueva redacción, y al no aceptar la prohibición tajante de eliminar la consulta popular en materia electoral, no tenía sentido establecer candados para la procedencia y se eliminó.
Recuerden que actualmente la materia electoral está prohibida para la consulta popular y lo que proponía la presidenta era que no estuviera prohibida la materia electoral. Al final decidió no presentar esa propuesta, que seguramente se verá reflejada en el documento que envíen al Senado, y queda como está el artículo 35 en esta materia de consulta popular”, destacó Monreal.
El diputado zacatecano aclaró que en materia de revocación de mandato si hay una propuesta en el Plan B, que establece que esta consulta sobre revocación de mandato podría hacerse dentro del tercer año o cuarto año del ejercicio del trabajo, del ejercicio electivo de la titular del Poder Ejecutivo Federal, es dentro del tercer o cuarto año de gobierno. Actualmente, recordó, la Constitución previene que la revocación de mandato será hasta el cuarto año de gobierno, transcurrido los primeros tres años.
Sobre la reorganización de los ayuntamientos, se limita el número de regidores. Establece un máximo y un mínimo, establece un mínimo de siete, y hasta un máximo de quince los regidores y una sola sindicatura, porque hay estados que tienen varios síndicos. Entonces, ahora se somete y se limita a un solo síndico y a siete, mínimo, de regidores hasta 15.
Sobre presupuesto se fija un límite al presupuesto de los Congresos estatales y de modo que no se exceda en un porcentaje del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.
En el artículo 134, se establece el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, que deben ajustarse estrictamente a los límites constitucionales.
“Esto va orientado a los funcionarios electorales y del Tribunal Electoral, de que no podrán ganar más que la presidenta de la República y que tampoco se permitirán seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada, cajas de ahorro particular ni bonos extras de desempeño, todo esto plantea la eliminación”, agregó Monreal.
Agregó que en leyes generales o reglamentarias, habló de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se pretende modificar siete artículos; la Ley General de Partidos Políticos, donde se pretende modificar cinco artículos.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contienen materias como topes de salarios, la fiscalización más estricta y, en tiempo real, también la fiscalización de probables recursos ilícitos provenientes de actividades ilícitas o provenientes de cualquier persona que no esté capacitada y apta para recibir donaciones o recursos los partidos y candidatos, y eso es en términos generales, dijo Monreal con respecto a la propuesta del Plan B.