Con la llegada de la época de estiaje caracterizado por altas temperaturas y escasez de agua, México enfrenta una crisis hídrica donde el 13.7 % de las cuencas presentan una disponibilidad crítica sumado a una década de desinversión en el sistema e infraestructura lo que ha derivado en el 50 % de pérdidas por fugas del vital líquido.
Aunque el acceso a la red pública es el principal mecanismo de abastecimiento de agua, la infraestructura no garantiza cobertura universal pues en México existe al menos 6 millones de hogares sin acceso al agua.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, unos 32.5 millones de hogares cuentan con agua del servicio público de un total de 38.3 millones de hogares.
Es decir, alrededor de 6 millones de hogares, el 15.2 % carece de conexión formal a la red de agua, lo que constituye el núcleo de la vulnerabilidad social.
Según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), eso no es lo peor, pues al sumar esta carencia a la intermitencia del servicio en las redes existentes, se obtiene que un total de 35 millones de personas en México carecen de agua en calidad y cantidad suficiente y dependen de fuentes alternativas o precarias.
“Esta brecha es producto una década de desinversión, marcada por la falta de mantenimiento y expansión de las redes urbanas, que ha consolidado un acceso desigual”, advierte el documento
SIN INVERSIÓN
El análisis del CIEP recuerda que el gobierno federal reconoció que el agua es un derecho humano y un motor esencial para la productividad económica, por lo cual proyecta a través del Plan México y el Plan Nacional Hídrico una inversión sexenal de 186 mil 567 millones de pesos, para este rubro, es decir una inversión promedio del 0.08% del PIB.
Sin embargo, esos recursos están muy lejos de las recomendaciones de la CEPAL, que estima necesaria una inversión del 1.3 % del PIB para garantizar el acceso al agua en la región, según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
La caída del presupuesto para Conagua-agrega--, no solo ha impedido la construcción de nueva infraestructura, sino que afectó la operatividad del sistema actual.
FUGAS
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Conagua en 2023 se registra que hasta el 50 % del agua se pierde por fugas en los sistemas de captación y distribución.
El balance entre extracción y recarga natural revela un panorama crítico para el desarrollo nacional.
El Índice de Estrés Hídrico que mide esta relación, muestra que gran parte del norte y centro del país presenta niveles de sobreexplotación.
Estados como Baja California (1.54), Chihuahua (1.51), Aguascalientes (1.39) y Zacatecas (1.22) registran índices superiores a 1.0, lo que implica una extracción mayor a la capacidad de recarga natural.
Lo anterior, compromete la sostenibilidad productiva y el derecho humano al agua en las regiones de mayor dinamismo económico, (Conagua, 2023a).
Tras una década de desatención presupuestal que redujo la capacidad operativa de la infraestructura nacional, el Estado intenta pasar de un modelo de gestión fragmentado y de reacción ante la escasez, a uno de planeación estratégica y soberanía hídrica.
La inversión proyectada de 186 mil 567 mdp es la herramienta con la que el gobierno busca resarcir el abandono financiero del pasado.
Sin embargo, este monto representa una inversión anual de 0.08 % del PIB, lo cual está por debajo del mínimo recomendado por la CEPAL para la región.