A tres años del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 40 personas fallecidas y 42 sobrevivientes: 27 hombres y 15 mujeres; familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que persiste la falta de justicia, verdad y reparación integral.
De acuerdo con el pronunciamiento difundido este viernes por las organizaciones civiles, dicho siniestro es considerado una de las tragedias más graves contra personas migrantes bajo custodia del Estado mexicano. También mencionaron que los hechos evidenciaron fallas estructurales en la política migratoria, así como la responsabilidad de autoridades encargadas de garantizar la seguridad de las personas detenidas.
Las organizaciones firmantes señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, existen pendientes significativos. Entre ellos destacan la ausencia de sentencias firmes contra funcionarios involucrados, el incumplimiento parcial de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la falta de reconocimiento pleno de todas las víctimas, particularmente de las mujeres sobrevivientes.
Asimismo, los familiares y asociaciones expusieron que no se ha garantizado una reparación integral del daño ni medidas efectivas para evitar la repetición de hechos similares. En ese sentido, recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado, lo que implica una responsabilidad directa sobre su vida e integridad.
El posicionamiento también advierte que el incendio no puede entenderse como un hecho aislado, sino como “consecuencia de una política migratoria basada en la criminalización y la discriminación de personas migrantes”.
Los familiares reconocen algunos avances, como la disculpa pública ordenada por un juez, pues consideran que estas acciones resultan insuficientes a la magnitud de los daños y no sustituyen la obligación del gobierno federal de investigar, sancionar a los responsables y garantizar justicia.
Por último, los familiares de las víctimas reiteraron que lo ocurrido fue resultado de omisiones y negligencia institucional, por lo que demandaron cinco acciones urgentes: el esclarecimiento total de los hechos, justicia pronta e imparcial, reparación total con enfoque de derechos humanos, reconocimiento de todas las personas afectadas como víctimas y la implementación de medidas estructurales que eviten la repetición, incluyendo el fin de la detención migratoria como política de control.
La Crónica de Hoy 2026