La empresa RD Impulsora, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), defraudó a casi 500 personas mediante un esquema que está expresamente prohibido en la Ley. Fue apenas el 22 de marzo cuando la bomba mediática en torno a RD comenzó a estallar, cuando sus fondeadores descubrieron que los directivos comenzaron a vaciar sus casas y oficinas sin dar explicaciones de los retrasos en los pagos correspondientes.
Y el problema no se limita a RD, bajo el mismo las empresas CAME, XY Booster, Meta Exchange Capital y más aceptan el fruade de sus fondeadores, ya sea expresamente o con las desaparición de los responsables.
En entrevista con Crónica, el abogado Noé Huerta Padrón, representante de cientos de fondeadores defraudados por empresas bajo el esquema de SAPIs, explica que alrededor de 120 víctimas de Diego García Infante, director general de RD Impulsora, interpusieron una denuncia penal colectiva ante la Fiscalía General del Estado de México el pasado 6 de abril. Ahora, se está en espera de que la Fiscalía del Edomex, cite a los afectados denunciantes para recolectar sus declaraciones.
De acuerdo con el abogado Huerta, una vez que los agentes de la fiscalía inicien sus investigaciones, es posible que como parte de las investigaciones de la denominada ruta del dinero, se cite a las pymes que recibieron créditos por parte de RD Impulsora, para que los dueños rindan una entrevista ante el ministerio público con el fin de revisar las cuentas donde recibieron depósitos de la empresa, y en caso de verificarse que aún existe un vínculo entre el dinero, habría posibilidad de que, a partir de ese capital, se pueda compensar algo a las personas defraudadas. El legista señala que en dicho caso, la fiscalía tiene la facultad de asegurar esas cuentas bancarias o de recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera.
SAPIs defraudando por falta de regulación
El abogado Noé Huerta explica que debido la falta de regulación estricta, las SAPIs son un vehículo común para fraudes financieros, un modelo que empresas siguen aprovechando para captar dinero de fondeadores que buscan hacer crecer su dinero, sin embargo, las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión debido a su estructura legal, no pueden recibir inverisones.
Huerta apunta “las SAPIs no están diseñadas intrínsecamente para defraudar(...) muchas de ellas prometen altos rendimientos, lo cual está prohibido por la ley de instituciones de crédito y las razones principales ya que no son entidades financieras reguladas a diferencia de un banco o de una Sofipo”.
Es justamente esta característica la que los hace captar a muchos clientes, ya que prometen altos rendimientos en mejores plazos y sin tantos requisitos como los que ofrecen instituciones financieras reguladas.
El especialista denuncia que se requiere de forma urgente una reforma legislativa que clarifique el alcance de las SAPIs, además de aumentar las penas por su uso fraudulento y fortalecer los mecanismos de alerta y protección al usuario al inversionista, mientras la ley no cambie, casos como estos seguirán reproduciendo, advierte.
Además, este vacío legal es aprovechado también por la FGR ya que no tiene injerencia para investigar los hechos bajo la premisa de que los ahorradores y las SAPIs celebran contratos privados, por lo que los casos son enviados a las fiscalía estatales.
Casos de fraude por parte de empresas financieras
CAME- SOFIPO
El Consejo de Asistencia al Micro Emprendedor se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR en etapa de investigación y ratificación; investigan más de 50 cuentas que tenía la empresa con el fin de seguir la ruta del dinero. Se espera que en 2 o 3 meses el ministerio público federal esté en condiciones de solicitar audiencia y control judicial ante el juez de control. Debido a su constitución como Sociedad Financiera Popular, fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y los defraudados reciben pagos compensatorios que provienen de un seguro con el que contaba la empresa.
XY Booster- SAPI
El caso fue asignado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en particular a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Se encuentra en etapa de investigación e integración de carpetas con pruebas aportadas por los defraudados con el objetivo de judicializarlas. A partir de este paso se podrá solicitar la intervención del juez de control de control.
Se realizaron investigaciones contra los accionistas Roberto Monturiol, Carlos, Pabón Bernal y Pedro Leiva, quienes ya han sido ubicados y se encuentran en México, además han manifestado que se presentarán ante las autoridades cuando sean requeridos.