Hoy en día, en pleno siglo XXI, millones de personas viven sin acceso seguro al agua. Es esta situación la que nos lleva a realizar un planteamiento desde la perspectiva de justicia hídrica, pero ¿Cómo entender este binomio conceptual?
El agua es un recurso natural indispensable para la vida e insumo estratégico para el desarrollo económico y social. Esta condición ha generado, a lo largo de cientos de años, un uso intensivo y frecuentemente desregulado, que ha derivado en graves afectaciones, como contaminación, agotamiento de fuentes de abastecimiento, degradación de su calidad o estrés hídrico, configurando una crisis que trasciende lo ambiental.
La escasez y mala calidad del agua se han vuelto una constante en la que se enmarca el acceso y distribución del agua en el mundo. Mientras existen zonas industriales, productivas o residenciales que cuentan con agua de manera continua y sin interrupciones, también existen áreas rurales o urbanas marginadas que reciben agua solo algunas horas a la semana. Esta situación se hace más crítica en zonas indígenas o en comunidades alejadas, donde la población depende de pozos contaminados, ríos degradados o del acarreo diario de agua, una carga que recae principalmente en mujeres y niñas.
Estas disparidades, evidencian inequidad en la distribución y acceso al agua, pero también ponen de manifiesto una crisis hídrica social asociada, que no puede explicarse únicamente por factores naturales o climáticos, sino por condiciones estructurales de carácter económico, cultural e institucional.
Este contexto demanda caracterizarse y agruparse para su comprensión y, sobretodo, su acción. Es así que surge la justicia hídrica, no como un concepto abstracto, sino como un paradigma ético y político que se ha consolidado a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. Su visibilidad ha crecido a partir de reclamos de pueblos indígenas, organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos y sectores académicos, quienes han cuestionado decisiones hídricas excluyentes y exigido, en forma de derecho, el acceso equitativo al agua.
Es en este escenario que México se coloca en el centro del debate internacional, al haberse realizado en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en coordinación con la Universidad Nacional de Australia, el Segundo Día Internacional de Justicia Hídrica, espacio en el que académicos, comunidades, organizaciones civiles y funcionarios de diversos países (Canadá, Australia, Estados Unidos, Nepal, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y México) presentaron casos que coincidieron en seis puntos: 1) aún vivimos en un mundo donde los recursos hídricos son acaparados por grupos poderosamente económicos; 2) existe un modelo extractivista que —en diferentes latitudes— ha propiciado grandes brechas en la distribución y acceso al agua; 3) hay respuesta organizada de comunidades y colectivos para acceder a estos recursos de manera justa, equitativa y sustentable; 4) es necesario garantizar la inclusión y el acceso seguro al agua potable para comunidades vulnerables; 5) urge que los gobiernos nacionales diseñen e implementen políticas públicas que hagan frente a estos problemas sociales derivados de injusticias hídricas y que se garantice el derecho humano al agua, y 6) la confirmación de que la justicia hídrica ha dejado de ser un concepto académico para convertirse en un tema impostergable de la agenda pública.
Resulta pertinente compartir y citar una de las principales reflexiones de este evento, desde la perspectiva teórica de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, para quien las decisiones —en este caso sobre el agua— deben construirse mediante procesos deliberativos incluyentes, racionales y transparentes, en los cuales los distintos actores participen en condiciones de igualdad. Por otra parte, el enfoque de capacidades de Amartya Sen ayuda a comprender que la justicia hídrica no se limita al suministro del recurso, sino a la posibilidad real de que las personas desarrollen una vida digna, saludable y autónoma. En este aspecto, el agua es un bien colectivo fundamental del bienestar y del desarrollo humano.
Es así que los Estados nacionales son los únicos entes con capacidad para garantizar la justicia hídrica. Asumirla como fundamento ético de la política hídrica implica revisar prioridades, fortalecer la participación social, corregir las desigualdades territoriales y destinar mayores recursos al sector, considerando la distribución natural del agua, las condiciones ambientales y las características demográficas de los países, logrando así corregir asimetrías históricas que siguen siendo actuales.
Patricia Herrera Ascencio
Directora general del Instituto Mexicano del Tecnología del Agua