El caso de la SAPI RD Impulsora, encabezada por Diego García Infante y Ricardo Alberto Flores, sigue sumando ahorradores defraudados por el esquema ilegal mediante el cual su negocio captaba capital de personas para financiar créditos a pymes y, de esta manera, prometía incrementar las cantidades invertidas mediante intereses del 16, 18 o hasta 20 por ciento. Sin embargo, ambos directivos desaparecieron desde el 22 de marzo sin dar explicaciones, dejando alrededor de 500 personas sin los ingresos que habían acumulado durante años de trabajo.
Víctimas del caso han decidido alzar la voz por las vías jurídica y pública. Hasta el momento, hay una denuncia colectiva integrada por 120 afectados ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra la empresa y sus representantes, que se encuentra en proceso de recolección de testimonios. También hay afectados que decidieron presentar denuncias individuales por recomendación de sus abogados, ya que esta vía permite actuar de manera más rápida en el caso.
En entrevista con Crónica, las afectadas Alejandra López y Tania dieron testimonio de cómo fueron atraídas por la oferta de RD Impulsora, construida mediante un llamativo discurso respaldado por publicidad mediática, el trabajo de los promotores de la empresa para acercarse a sus círculos personales y generar confianza en el proyecto, así como la captación de más fondeadores a través de ellos. También relataron el desenlace del caso a partir de la desaparición de García Infante y Flores, que provocó la pérdida de sus ahorros.
A Alejandra, la propuesta de invertir en esta empresa le llegó por parte de una amiga de su hijo, a quien “conocían de toda la vida”. Se trataba de una empleada de RD Impulsora que al final también resultó afectada, ya que no solo perdió su empleo, sino que también convenció a miembros de su familia de invertir en el “prometedor esquema”.
Alejandra asegura que la pérdida de los ingresos que recibía de RD Impulsora representa un grave daño a su economía, ya que está desempleada a sus 53 años y cada mes recibía los intereses de su inversión para mantenerse.
De forma similar, Tania entró al esquema de esta Sociedad Anónima Promotora de Inversión a raíz de la invitación de una amiga de muchos años, quien la convenció mostrándole artículos que revistas empresariales como Forbes y Líderes publicaron entre 2022 y 2023 para promover el trabajo de García Infante y posicionarlo como un gran empresario.
Este discurso de elogio a la labor empresarial y al modelo de RD Impulsora por parte de medios con el prestigio de los mencionados fue la principal estrategia de posicionamiento que utilizaron los promotores para validar las actividades de la empresa.
Una vez que el anzuelo mediático cumplía su función, seguía la dinámica de hacerse presentes y presumir propiedades. De acuerdo con las afectadas, la firma del contrato se realizaba directamente con Diego García Infante o Ricardo Alberto Flores. Durante ese encuentro, los supuestos empresarios explicaban a sus clientes cómo funcionaría el manejo de su inversión y cuáles eran los respaldos de la empresa.
Alejandra cuenta a Crónica que, como parte del proceso de convencimiento, le mostraron documentos como una auditoría y le dieron la certeza de que la empresa contaba con activos fijos y circulantes por 109 millones de pesos, además de cuentas por cobrar y una suma de activos superior a 486 millones de pesos. También presumían inversiones en obras de arte y patrocinios de carreras ecuestres. Todo terminó siendo una mentira.
Cuando estalló el conflicto y salió a la luz el presunto fraude, Alejandra acudió a las oficinas donde operaba esta SAPI para exigir el pago de sus intereses y la devolución de la totalidad del dinero invertido. Días antes, mediante un correo electrónico, la empresa había comunicado a sus fondeadores que habría retrasos en los pagos debido a reconfiguraciones internas.
En ese momento, la afectada fue recibida por Flores, quien reconoció que desde un año atrás la empresa atravesaba problemas de liquidez y de cobranza, por lo que no podrían pagarle lo correspondiente. Como compensación, le ofreció una camioneta con valor de un millón de pesos, pero al mismo tiempo reconoció que RD Impulsora no contaba con ningún tipo de activos: las camionetas, las oficinas e incluso las viviendas de los directivos eran rentadas.
Otros afectados dan testimonio de que no tienen claro el papel de los empleados de RD Impulsora, quienes podrían ser víctimas o cómplices de esta estafa. Mencionan que este grupo de intermediarios incluso fue obligado a solicitar créditos para financiar la subsistencia de la empresa. Por otro lado, muchos de ellos invirtieron su propio capital y el de sus familiares en este esquema, por lo que sufrieron las mismas pérdidas económicas que los fondeadores.
Sin embargo, se presentó una situación cuando el asunto escaló mediáticamente: en un intento por defenderse y resguardar su identidad, promotores de RD Impulsora lanzaron amenazas contra los ahorradores y advirtieron que no podían mencionar sus nombres públicamente o serían demandados.
Hasta ahora, persiste el cuestionamiento sobre cómo operó RD Impulsora durante sus últimos años de existencia, ya que algunos fondeadores identificaron un cambio en su funcionamiento: pasó del otorgamiento de créditos a pymes a un esquema Ponzi.
Además, se habla de que perfiles de alto nivel podrían estar involucrados como afectados, ya que Diego García Infante se movía en las altas esferas de la sociedad, donde pudo convencer a cónsules, empresarios y presidentes municipales del país de invertir en su SAPI.