El caso de la SAPI, RD Impulsora, encabezada por Diego García Infante y Ricardo Alberto Flores sigue sumando ahorradores defraudados por el esquemas ilegal en el que su negocio captaba capital de personas para financiar créditos a pymes, y así, prometían el crecimiento de las cantidades invertidas por intereses del 16, 18 o hasta 20 por ciento. Sin embargo, ambos directivos desaparecieron desde el 22 de marzo sin dar explicaciones y dejando alrededor de 500 personas sin los ingresos de años de trabajo.
Víctimas del caso han decidido alzar la voz de forma jurídica y pública; al momento hay una denuncia colectiva integrada por 120 afectados ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra la empresa y sus representantes que está en proceso de recolección de los testimonios de las víctimas. También, hay afectados que decidieron enfrentar la denuncia de manera individual por recomendación de sus abogados, ya que se puede actuar de una forma más rápida en el caso.
En entrevista con Crónica, las afectadas Alejandra López y Tania dieron testimonio de cómo fueron atraídas por la oferta construida de RD Impulsora mediante un llamativo discurso apoyado de publicidad mediática, el trabajo de los promotores de la empresa para moverse entre su círculo cercano para generar confianza en el proyecto y a través de ellos captar más fondeadores, y el desenlace del caso a partir de la desaparición de García Infante y Flores que provocó la pérdida de sus ahorros.
A Alejandra la propuesta de invertir en esta empresa le llegó por parte de una amiga de su hijo a quien “conocían de toda la vida”, una empleada de RD Impulsora que al final también resultó afectada, ya que no solo perdió su empleo, sino que también convenció a miembros de su familia de invertir en el “prometedor esquema”.
Alejandra asegura que la pérdida de los ingresos que tenía con RD Impulsora significan un gran daño a su economía ya que es desempleada a sus 53 años y cada mes recibía los intereses de su inversión para mantenerse.
De forma similar, Tania, entró al esquema de esta Sociedad Anónima Promotora de Inversión a raíz de la invitación de una amiga de muchos años, que la convenció a partir de mostrarle los artículos que revistas empresariales como Forbes y Líderes publicaron entre 2022 y 2023 promoviendo el trabajo de Gracía Infante, posicionando como un gran empresario.
Este discurso de alabar la labor empresarial y el modelo de RD Impulsora por parte de medios con el prestigio de los mencionados, fue la principal estrategia de posicionamiento que utilizaron los promotores para validar las actividades que realizaba esta empresa.
Una vez que el anzuelo mediático cumplía su función, venía la dinámica de hacer presencia y presumir propiedades; de acuerdo las afectadas, en la firma del contrato se realizaba directamente con Diego García Infante o con Ricardo Alberto Flores; durante ese encuentro los supuestos empresarios explicaban a sus clientes cómo funcionará el manejo de su inversión y qué los respalda.
Alejandra cuenta a Crónica que como parte del proceso de convencimiento, se le mostraron documentos como una auditoría y la certeza de que la empresa contaba con activos fijos y circulantes por 109 millones de pesos, aunado a cuentas por cobrar con suma de activos por más de 486 millones de pesos, además de inversiones en obras de arte y patrocinios de carreras ecuestres. Lo que terminó siendo una mentira.
Cuando estalla el conflicto y la verdad del fraude aparece, Alejandra acudió a las oficinas donde operaba esta SAPI estafadora, para exigir el pago de sus intereses y de la totalidad de su dinero invertido, pues días antes mediante correo electrónico, la empresa comunicó a sus fondeadores que tendrían atrasos en sus pagos debido a reconfiguraciones internas; en ese momento, la afectada fue recibida por Flores, quien reconoce que desde un año atrás la empresa atravesaba problemas de liquidez de cobranza por lo que no podrían pagarle lo correspondiente, así que, en compensación, le ofrece una camioneta con valor de un millón de pesos, pero al mismo tiempo reconoció que RD Impulsora no contaba con ningún tipo de activos: las camionetas, las oficinas, incluso las viviendas de los directivos, todo era rentado.
Otros afectados dan testimonio de no tener claro el papel de los empleados de RD Impulsora, podrían ser víctimas o cómplices en esta estafa. Mencionan que este grupo intermediario incluso fue obligado a sacar créditos para financiar la subsistencia de la empresa, por otro lado muchos de ellos invirtieron su capital y el de sus familiares en este esquema por lo que sufrieron las mismas pérdidas económicas que los fondeadores; sin embargo, se presentó una situación cuando el asunto escaló mediáticamente, pues en un intento por defenderse y resguardar su identidad, promotores de RD Impulsora, lanzaron amenazas contra los ahorradores advirtiendo que no podían mencionar sus nombres públicamente o serían demandados.
Hasta ahora, persiste el cuestionamiento de cómo operó RD Impulsora en sus últimos años de existencia, ya que algunos de los fondeadores identificaron un cambio de funcionamiento que pasó de otorgamiento de créditos a pymes, a un esquema ponzi.
Además, se habla de que perfiles de alto nivel podrían estar involucrados como afectados, ya que Diego García Infante se movía en las altas esferas de la sociedad donde pudo convencer de invertir en su SAPI a cónsules, empresarios y presidentes municipales del país.