Por unanimidad de 109 votos a favor, el Senado aprobó la Ley en materia de prevención, investigación y persecución del feminicidio que homologa la tipificación de este delito en todas las entidades federativas además de uniformar sanciones y agravantes así como mejorar la investigación para garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas.
Con ello, estados y municipios deberán trabajar de manera coordinada y bajo criterios homologados a fin de garantizar justicia integral a las víctimas y a sus familias.
La oposición exigió presupuesto para esta reforma pues recordó que sin recursos solo será “letra muerta” en detrimento de las víctimas.
“Es un buen paso, es positivo para las mujeres y niñas en nuestro país pero el combate a la violencia contra este sector necesita ir acompañada de recursos presupuestales porque de lo contrario, son solo letra muerta”, acusó la senadora de MC, Alejandra Barrales
Actualmente, en la mayoría de los estados del país, el promedio de sanción es de 40 a 70 años de prisión mientras que en Baja California, Coahuila y Michoacán se sanciona con prisión de 20 a 50 y en Chiapas de 55 a 100 años.
Con esta ley general estas diferencias llegarán a su fin y habrá las mismas sanciones aplicables en cualquier lugar de nuestro país.
La reforma pretende evitar la disparidad de criterios y normas entre las entidades federativas, uno de los principales obstáculos para la procuración de justicia en estos casos.
El dictamen aprobado plantea medidas específicas para proteger a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa del feminicidio.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malu Micher, subrayó que actualmente la justicia en casos de feminicidio depende en gran medida del contexto local, lo que genera desigualdades en la aplicación de la ley.
“La justicia frente al feminicidio depende en buena medida del lugar donde ocurre y del código penal que se aplique. No debería depender de eso, pero depende. Por eso esta reforma es urgente”, afirmó.
Añadió que la homologación del tipo penal permitirá establecer criterios claros, fortalecer las investigaciones y garantizar que el acceso a la justicia no esté condicionado por el territorio.
Desde la oposición, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, respaldó la reforma al señalar que, aunque ninguna ley puede devolver la vida a las víctimas, sí puede corregir fallas estructurales del sistema.
Por su parte, la senadora del PAN, Laura Esquivel, condicionó el respaldo de su bancada a que la nueva legislación cuente con recursos suficientes y mecanismos efectivos de implementación.
“Nuestro voto a favor no será un aval para simulaciones. Necesitamos una ley con presupuesto para fiscalías, con personal capacitado y especializado, que garantice investigaciones con perspectiva de género desde el primer momento”, sostuvo.
Asimismo, destacó la importancia de incluir la reparación del daño, como pensiones para hijas e hijos de víctimas de feminicidio.
La reforma responde a la necesidad de frenar la violencia feminicida en el país, particularmente en un contexto donde la falta de homologación legal ha derivado en impunidad y en criterios dispares para investigar y sancionar estos delitos.
La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan. “ Es positivo para las mujeres y niñas en nuestro país pero el combate a la violencia contra este sector necesita ir acompañada de recursos presupuestales porque de lo contrario, son solo letra muerta”, afirmó la emecista, Alejandra Barrales