
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red vinculada al Cartel del Noreste (CDN), organización criminal heredera de Los Zetas, señalada por operar esquemas de lavado de dinero a través de casinos en la frontera con Texas.
Estas medidas de la Administración de Donald Trump apuntan a seis objetivos clave, entre los cuales se hallan operadores financieros, facilitadores y establecimientos de juego, en lo que Washington describe como una estructura criminal sofisticada que mezcla negocios legales con actividades ilícitas.
En el centro del entramado aparece una figura comparable a un “Saul Goodman” mexicano: el abogado Juan Pablo Penilla Rodriguez, como el personaje de Breaking Bad y Better Call Saul, es acusado de ir más allá de la defensa legal tradicional para convertirse en intermediario del cártel.
Según el Tesoro, Penilla habría facilitado la comunicación y operación del grupo incluso con líderes encarcelados.
El caso más emblemático es su relación con Miguel Angel Trevino Morales, exlíder de Los Zetas, a quien presuntamente ayudó a mantener control operativo del cártel desde prisión.
Las autoridades estadounidenses sostienen que este tipo de figuras legales son fundamentales para sostener la estructura criminal, al dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas.
Así utiliza casinos el Cártel del Noreste para lavar dinero… con ayuda de un supuesto “activista”
Las sanciones también alcanzan a dos casinos en Tamaulipas: Casino Centenario y Diamante Casino, identificados por las autoridades norteamericanas como piezas clave para lavar dinero del narcotráfico.
En particular, el primero habría sido utilizado no solo para blanquear recursos, sino también como centro logístico del cártel.
De acuerdo con la investigación del Tesoro, el Casino Centenario funcionaba como bodega para drogas, incluido fentanilo, y como espacio para intimidar o torturar a rivales.
Sus operaciones, asimismo, permitían introducir ganancias ilícitas al sistema financiero mediante actividades de apuestas, lo cual constituye un método clásico de lavado.
La red también incluye a la empresa operadora de estos casinos, así como a otros facilitadores: entre ellos destaca Jesus Reymundo Ramos Vazquez, quien, bajo la fachada de activista de derechos humanos, habría impulsado campañas de desinformación para desacreditar a autoridades mexicanas y mejorar la imagen del cártel.
Otro actor clave es Eduardo Javier Islas Valdez, identificado como operador del tráfico de personas en Nuevo Laredo.
Su función consistía en controlar el cruce de migrantes hacia Texas y administrar casas de seguridad con dinero en efectivo, asegurando el flujo financiero del grupo.
El Tesoro subrayó que el CDN mantiene una fuerte presencia en la frontera, especialmente en Nuevo Laredo, donde controla rutas de drogas y migrantes, además de extorsionar negocios y manipular el entorno político y social.
Esta organización, heredera de Los Zetas, ha sido designada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.
Las sanciones implican el congelamiento de activos y la prohibición de cualquier transacción con ciudadanos o empresas estadounidenses; además también abren la puerta a castigos para instituciones financieras extranjeras que colaboren indirectamente con los señalados.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció, tras las sanciones del Departamento del Tesoro, que ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.