El acceso a la salud dentro del sistema penitenciario da un paso importante pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y IMSS Bienestar han firmado un convenio de colaboración para garantizar la atención médica especializada a personas privadas de la libertad en centros federales.
El acuerdo, suscrito a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, permitirá que esta población acceda a servicios en hospitales de segundo y tercer nivel, incluyendo atención de urgencias, cirugías, hospitalización y estudios diagnósticos.
Atención médica y coordinación institucional
Como parte del convenio, las autoridades establecerán una ruta clara para la atención, traslado y custodia de los pacientes, en coordinación con instancias federales.
El titular de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó que la atención médica es un elemento clave para la reinserción social, y señaló que contar con seguimiento clínico y atención oportuna permite a las personas reconstruir su proyecto de vida.
Por su parte, José Alejandro Ávalos Bracho, titular de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS Bienestar, subrayó que este acuerdo fortalece la cobertura bajo principios de universalidad, accesibilidad y continuidad en los servicios.
¿Qué contempla el convenio?
El esquema establece responsabilidades específicas para cada institución. La SSPC identificará los casos que requieran atención especializada, gestionará traslados y garantizará la seguridad durante el proceso. Mientras que el IMSS Bienestar brindará servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, odontológicos y de urgencias, además de estudios y suministro de medicamentos disponibles.
Además, se habilitarán espacios seguros dentro de hospitales para la atención de personas privadas de la libertad, en coordinación con autoridades de seguridad.
Vigencia y alcances
El convenio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030 y contempla la firma de acuerdos adicionales para definir hospitales, tiempos de atención y recursos. También se establece el compromiso de ambas instituciones para proteger los datos personales y la información médica de los pacientes, conforme a la normativa vigente.
Con este acuerdo, el Gobierno de México busca fortalecer el derecho a la salud en el sistema penitenciario y avanzar en condiciones que favorezcan una reinserción social efectiva.