Un tribunal federal de los Estados Unidos canceló el proceso penal iniciado en contra del empresario mexicano residente en Texas, Ramón Alexandro Rovirosa, acusado presuntamente de haber pagado millonarios sobornos a funcionarios de Pemex para gestionar facilidades y contratos.
El juez federal a cargo del proceso, Kenneth M. Hoyt, de la Corte del Distrito Sur de Texas, absolvió de todos los cargos al empresario mexicano al considerar que las imputaciones presentadas por el Departamento de Justicia (DOJ) en el proceso penal 4:25-cr-00415 carecían de los elementos necesarios para sostener el caso.
De acuerdo con la resolución, el caso de la fiscalía se vio debilitado por omisiones y fallos técnicos fundamentales: Falta de testimonios: Los fiscales federales omitieron intencionalmente el llamado de testigos clave.
Asimismo no se proporcionó la totalidad de las pruebas, a pesar de que el Ministerio Público había afirmado lo contrario ante la corte.
Deficiencias técnicas pues el caso se apoyó en traducciones de mensajes de texto descontextualizadas y carentes de las certificaciones correspondientes, lo que impidió su verificación y confrontación por parte de la defensa.
El equipo legal del empresario Mexicano integrado por Ryan McConnel, Larry Finder y Matthew Boyden consideraron que los fiscales incurrieron en errores graves en el caso.
“Este no es solo un fallo a favor de una persona; es una llamada de atención sobre los riesgos de construir acusaciones sin bases sólidas”, consideraron fuentes cercanas a la defensa.
Con esta resolución, Alexandro Rovirosa queda plenamente exonerado y libre de cargos, cerrando un capítulo legal por lo menos en Estados Unidos.
“No se puede construir culpabilidad en la opinión pública sin pruebas firmes. Hoy la justicia habló con claridad absoluta, reafirmando que las instituciones funcionan cuando el debido proceso se respeta escrupulosamente”, indicaron desde el entorno del empresario.
Expertos en derecho internacional, coinciden en que el desenlace del caso Rovirosa deja una lección sobre la ética en la cobertura de casos de alto perfil y la responsabilidad de las autoridades procuradoras de justicia.