CDMX — El acceso a las máquinas tragamonedas chinas es ilegal, y representa un foco de inseguridad en todo el país, dado que los espacios donde operan son ‘blanco’ para la comisión de delitos graves como la extorsión, por lo que es necesario “tapar” ese vacío del Poder Legislativo dentro de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, admitió el diputado y líder de Operación Política de Morena en San Lázaro, Pedro Haces.
El legislador federal por la CDMX consideró que más allá del entretenimiento (con el depósito de 5 a 10 pesos, según el riesgo que se quiera correr), estas máquinas son fuente de una actividad que ha sido que lo ilegal se normalice en nuestras comunidades. Esta iniciativa busca poner orden donde hoy hay vacíos legales y proteger a las familias donde hoy hay riesgos”, dijo el líder parlamentario.
Enfatizó que no se trata de un tema que se tome a juego.
“No es un tema de juego, es un tema de seguridad. Estas máquinas operan margen de la ley, afectan a las familias y generan condiciones que favorecen actividades delictivas. No podemos seguir normalizándolo”, dijo Haces Barba.
Recordó que actualmente, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos ya prohíbe las máquinas tragamonedas; sin embargo, esta prohibición no está establecida de manera expresa en la ley, lo que ha permitido vacíos legales e incluso la interposición de amparos.
La iniciativa del diputado federal propone elevar esta prohibición a rango legal ,además de actualizar sanciones y establecer responsabilidades claras para quienes distribuyan, instalen, operen o financien estas máquinas, así como para quienes permitan su uso en establecimientos o protejan su operación desde el servicio público.
“Se trata de dar certeza jurídica y de fortalecer al Estado para actuar con claridad. No podemos permitir que actividades ilegales sigan operando en espacios comunitarios como si fueran algo normal. Estas máquinas no sólo afectan la economía de las familias, también generan riesgos de adicción, especialmente en menores, y deterioran el tejido social en las comunidades.”
La propuesta de reforma prevé sanciones para quienes coaccionen a comerciantes para instalar estos dispositivos mediante amenazas o violencia, así como para servidores públicos que permitan o protejan su operación.
“Con esta propuesta se busca fortalecer el Estado de derecho, proteger a las familias y cerrar espacios a economías ilegales”, dijo el diputado federal.