El Partido Verde en el Senado impulsa una iniciativa que pretende impedir la salida del país a personas deudoras alimentarias inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, a fin de asegurar que quienes incumplan con el pago de alimentos no puedan salir del territorio nacional.
Con ello se busca a proteger el derecho a alimentos de niñas, niños y adolescentes y asegurar su bienestar y sustento.
Durante 2024 se registraron en México, 28,148 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Ese mismo año, sólo en el 38.6% de los divorcios se otorgó pensión alimenticia, lo que evidencia una problemática persistente que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.
Sumado a ello, , existen millones de mujeres que enfrentan la maternidad en condiciones de desventaja, muchas como jefas de familia.
Por ello, la propuesta del PVEM, busca vincular el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) con la Ley de Migración para asegurar que el bienestar y el sustento de este sector poblacional se cubra de forma prioritaria y garantizar el acceso a una pensión alimenticia que cubra necesidades básicas como comida, vivienda, educación y salud.
Explicaron que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por incumplir con el pago de pensión, no puedan salir del territorio nacional, fortaleciendo así la coordinación entre autoridades y evitando vacíos legales.
Los legisladores señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos de cumplimiento, lo que obliga a madres o personas cuidadoras a asumir la carga económica, profundizando condiciones de desigualdad.
Destacaron que la pensión alimenticia no es una prestación común, sino una medida de protección urgente que garantiza la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Subrayaron que la iniciativa, que reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración, no vulnera derechos de terceros, sino que constituye una acción legítima para garantizar el bienestar de la infancia, romper ciclos de pobreza y fortalecer la corresponsabilidad parental.
Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades para cerrar vacíos legales y agilizar el intercambio de información, lo que permitiría una gestión más eficiente en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
La bancada pevemista urgió a garantizar el interés superior de la niñez y evitar que el incumplimiento de obligaciones alimentarias siga afectando a millones de familias en el país.