CDMX — La experiencia internacional sobre el ‘fracking’ muestra que el desarrollo de yacimientos (de gas) no convencionales puede contribuir a ampliar la oferta energética, reforzar la resiliencia del sistema, impulsar inversión en infraestructura y dinamizar actividades productivas vinculadas con el sector energético. En el caso de México, una de las ventajas potenciales sería reducir parte de la dependencia del gas importado y fortalecer la capacidad nacional de respuesta ante eventuales interrupciones externas, de acuerdo con el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.
El vicecoordinador de la bancada guinda en San Lázaro señaló a través de un comunicado que nuestro país enfrenta una elevada dependencia del gas importado, en un contexto de caída de la producción nacional y creciente presión sobre su seguridad energética.
“El ‘fracking’ responde, en parte, a que México cuenta con recursos prospectivos relevantes de gas no convencional en distintas cuencas del país, lo que abre una discusión sobre su posible aprovechamiento dentro de una estrategia más amplia de soberanía y seguridad energética”, expuso el líder parlamentario. Subrayó, sin embargo, que dicho potencial debe analizarse con rigor técnico, distinguiendo con claridad entre recursos, reservas y viabilidad real de explotación.
“El análisis técnico del gas no convencional debe considerar tanto su potencial para fortalecer la producción nacional como la necesidad de una regulación estricta, supervisión institucional y medidas de mitigación ambiental”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar.
El diputado enfatizó que el debate sobre el aprovechamiento de gas no convencional en México debe abordarse con responsabilidad, evidencia científica y una visión integral de Estado, ante la importancia estratégica que hoy tiene el gas natural para la generación eléctrica, la actividad industrial y la seguridad energética del país.
Señaló que el gas natural se ha consolidado como un insumo clave para México al participar en más del 60 por ciento de la generación eléctrica. Y existe el contexto donde la producción nacional ha disminuido y la dependencia de importaciones se ha incrementado de forma notable, por lo que resulta legítimo, dijo, analizar con seriedad todas las opciones disponibles para fortalecer la producción doméstica y reducir vulnerabilidades externas.
No obstante, puntualizó que la eficacia de esas medidas depende de una supervisión constante, de capacidades regulatorias suficientes y de reglas claras para su cumplimiento.
En ese sentido, subrayó que cualquier evaluación sobre el fracking en México debe sustentarse en estudios técnicos, evidencia pública y análisis institucional serio. Recordó que el propio debate reciente ha planteado la revisión del tema mediante evaluación científica y técnica, lo que confirma que no se trata de una decisión que pueda tomarse de manera precipitada, sino de un asunto que exige información verificable, revisión especializada y una valoración integral de costos, beneficios y riesgos.
“Aun cuando existen oportunidades potenciales en materia energética, de inversión e infraestructura, cualquier ruta de acción debe ir acompañada de un marco regulatorio sólido, fortalecimiento de los reguladores técnicos, coordinación interinstitucional, transparencia, monitoreo ambiental, rendición de cuentas y mecanismos de participación social. Esas condiciones son necesarias para que el ‘fracking’ se realice con responsabilidad y sustentabilidad.