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A mediados de febrero conocimos a la gestora. “Podemos sacarle su documento en la Secretaría o con alguno de sus terceros autorizados”, dijo. Primero salió el examen médico, luego la Constancia de Capacitación… El registro oficial ante la dependencia, estaba asegurado.

¡Entre 15 y 20 mil pesos!, la mordida para sacar licencias federales de carga en la SICT…

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Las opciones eran muchas: “Le ayudé con la licencia federal a mi hermano, y eso que sufre de la presión y el azúcar”, decía Fredy, conductor de autotransporte. “Un amigo no tuvo broncas para sacarla, se da sus pasones, pero es buen trabajador”, refería Óscar, otro operador. “Ya no veo bien, pero hace años manejé tráileres y es lo único que se me ocurrió hacer”, repetía Marino, quien pese a su deficiencia visual obtuvo el documento para sumarse a una distribuidora de químicos.

A la luz de los testimonios, parecía misión fácil obtener una licencia federal de carga expedida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sin cumplir requisitos legales, ni médicos ni operativos.

—Pero es hechiza, ¿no? —se preguntaba al principio con cierta ingenuidad.

—No, es de las buenas. Hasta vas a aparecer en Internet, en la página del gobierno, sólo que te brincan los exámenes médicos y de drogas, y también los cursos de capacitación —explicaba Andrés, quien logró renovarla sin acudir a revisiones ni pruebas, y quien a lo largo de la travesía periodística se convirtió en principal consejero.

—Con mucho trabajo manejo un carro pequeño —le confiaba.

—Te la dan, traen un desmadre en la Secretaría, con dinero baila el perro.

Fue él quien sugirió tener cuidado con los incontables “coyotes” en derredor de las oficinas institucionales y con los “gestores” anunciados en redes sociales, en grupos conformados por choferes y transportistas. “Vas a encontrar un montón, pero son transas”, advertía. En torno a la licencia federal también hay un mercado desbordado de fraudes y documentos piratas. Pero ese es un ángulo aún por explorar…

Andrés sugirió buscar a quien se presentó como Marcela Ortiz y quien le había ayudado antes. “Ella no es rata, tiene contactos en la Secretaría, con médicos autorizados y capacitadores, aunque eso sí, te va a salir caro”.

—¿Cuánto?

—Pues tendrás que hacer varios pagos, porque hay que repartir dinero por todos lados, pero te saca la licencia digital, la fregona. Yo tuve que darle como 17 mil.

Este reportero tuvo contacto directo con al menos una docena de conductores con licencia federal obtenida mediante moches, evadiendo requerimientos normativos: todos refirieron pagos de entre 15 y 20 mil pesos, una cifra corroborada después de forma personal, durante el proceso descrito en este reportaje.

Armando, otro de los operadores conocidos en la investigación, pagó 24 mil pesos. “Pero fue urgente, la necesitaba ya por una oportunidad de trabajo; al principio querían 30, porque los médicos tenían derecho a pocas citas al día y ya estaban vendidas, entonces me iban a saltar la formada. Pude negociar para que fueran 24”.

Pero en general el rango fue coincidente: entre 15 y 20 mil pesos, fraccionado en dos o tres pagos: algunos entregados en efectivo y otros mediante retiros sin tarjeta en cajeros bancarios.

¡EN UN MES! Fue así como, a mitad de febrero de este año, nos entrevistamos con Marcela, quien en el transcurso de la charla no dejaba de recibir llamadas relacionadas con permisos, licencias y médicos dictaminadores. No hubo explicaciones de más: sólo se le planteó la necesidad de la licencia y se acordaron términos, montos y plazos.

“Podemos hacerlo directamente en la Secretaría, o con alguno de sus terceros autorizados. Las dos opciones son buenas, no hay falla. Todo lo haremos a distancia, no es necesario que te presentes a ningún lado. En un mes de la tengo”, prometió.

Una semana después se puso en contacto con este periodista, aspirante a trailero, para solicitar documentación diversa: acta de nacimiento actualizada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, una foto frontal con fondo blanco o azul, credencial del INE y huellas dactilares sobre hojas blancas.

Incluso, envió por WhatsApp una guía para la captura de datos biométricos: la foto, se indicaba, debía ser tomada de frente, “visualizando la cabeza hacia el pecho”; las huellas, sólo de la mano derecha: dedos índice y medio; la firma, escrita con pluma en hoja blanca y, todos los documentos, enviados en formato PNG.

Ante la tardanza de un par de días para el envío de lo solicitado, volvió a llamar: “Urgen los documentos, porque lo más difícil de esto es el examen médico y ya lo tenemos amarrado”.

Todo le fue remitido el 27 de febrero.

En el curso del trámite alguien en la SICT descubrió la intención previa del reportero —a finales de enero— de programar una cita para el Examen Psicofísico Integral (EPI) en la página oficial, misión frustrada en su momento por trabas burocráticas.

“Tenemos un operador de usted para nuevo ingreso, sólo que en la página de citas ya está registrado y necesitamos la contraseña que puso en el registro”, fue el mensaje enviado a la gestora.

Al final, el problema se solucionó.

El 15 de marzo hizo contacto de nuevo: “Ya tenemos lo difícil, el examen médico. Prepárese, estamos a días de tener su licencia”. El día 20 anunció la obtención del otro elemento indispensable: la constancia de capacitación, y dos días más tarde mensajeó:

“Ya está su regalo de primavera, pronto aparecerá su registro en la página de la Secretaría”.

En los días siguientes compartió la Constancia de Aptitud Psicofísica, la cual, conforme a la ley, sólo puede obtenerse tras la exploración y dictamen de un médico autorizado; y la Constancia de Capacitación, la cual obliga a un curso presencial. Sin embargo, este reportero jamás asistió a algún consultorio, centro de adiestramiento o instalación administrativa. Y menos a las sedes foráneas donde fueron emitidas: San Luis Potosí y Tamaulipas.

Ya en abril, la licencia LFD01240125 aparecía en la base de datos de la SICT…

APTO PARA TRÁILERES. La Constancia Psicofísica, respaldada con número de expediente 1766877 y vigencia de dos años, declaraba al reportero “APTO” para conducir vehículos de autotransporte federal. El médico firmante era Carlos Godoy Fontes, quien se encuentra en la lista oficial de profesionistas autorizados por la Secretaría:

“Yo, Godoy Fontes Carlos, bajo protesta de decir verdad, declaro ante la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte que verifiqué la veracidad de los documentos que avalan la identidad personal, que emito este dictamen derivado del examen psicofísico integral practicado el 10/03/2026 en Prolongación Coronel Romero, Independencia, San Luis Potosí, y que la información contenida en el expediente electrónico No. 1766877 es verídica, y fue obtenida con las mejores prácticas médicas y personal calificado, que me hago responsable de la información aportada con mi firma y, en su caso, con mi cédula profesional, apercibido de que aquel que interrogado por autoridad federal distinta a la judicial, faltare a la verdad, se hace acreedor a una pena de 4 a 8 años de prisión, y de 100 a 300 días de multa conforme al artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal”.

La Constancia de Capacitación en manejo, en cambio, se emitió desde Tampico, Tamaulipas, bajo el número de folio 1592332 y el número de control 1773939936274. Lo avala el Centro de Capacitación Profesional del Golfo, con el registro 249 ante la SICT.

Se expide a favor de Daniel Blancas Madrigal “por haber cursado, concluido y aprobado satisfactoriamente el curso de capacitación y adiestramiento”, bajo el “Programa Integral de Capacitación de aspirantes con experiencia para la obtención de la licencia federal tipo B del Autotransporte Federal y transporte privado de carga, en tractocamión quinta rueda internacional”, con duración de 96 horas.

La certificación fue emitida el 19 de marzo de 2026, con vigencia de un año, y firmada por José Antonio Vázquez Alcocer, representante legal del Centro.

“En mi calidad de representante legal declaro bajo protesta de decir verdad que es mi responsabilidad la veracidad y legalidad del documento oficial que expido en favor de la persona conductora, en virtud de haber acreditado todos y cada uno de los requisitos necesarios para su otorgamiento, bajo el apercibimiento que, en caso de alteración, modificación o indebida asignación del folio, seré acreedor a las sanciones legales y administrativas a que haya lugar”.

En poco más de un mes, quedó todo listo: de la libreta reporteril, al volante de un camión pesado; del teclado, a las carreteras…

¿Y el peligro? La estrategia anunciada por el gobierno federal en pro de la seguridad en el transporte terrestre y en la industria de los vehículos pesados parece colisionar con la realidad y con las cifras de accidentes. Como si se tratara de un choque de tractocamiones a 100 kilómetros por hora….

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