CDMX — La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 73 de la Constitución en el que se faculta al Congreso de la Unión a legislar las leyes contra el feminicidio.
Con 467 votos en pro y cinco horas de debate, Morena obtuvo la mayoría calificada.
En el PAN, las legisladoras encararon a la bancada guinda y les reprocharon que cada diez más de 10 mujeres son asesinadas en los contextos de la violencia machista y patriarcal.
Previamente, el pleno de la Cámara baja guardó un minuto de silencio por las víctimas mortales que dejó un tirador en las Pirámides de Teotihuacán (las de ‘La Luna’), entre ellas una turista canadiense.
En la discusión, Irais Reyes, de MC, expuso que la reforma no sólo es una reforma para facultar a que se creen leyes, sino de nombres y personas, mujeres. De vidas que este país no supo proteger. Y de familias que tuvieron que hacer lo que el Estado no hizo.
Cuando hablamos de feminicidio, no sólo estamos hablando de cifras, estamos hablando de mujeres que fueron buscadas por sus madres, por sus padres, por sus hermanos y hermanas, mientras las autoridades estaban ausentes.
“En Nuevo León conocimos del caso de María Fernanda Contreras. Su familia tenía la ubicación, sabía dónde podía estar, pidió a la fiscalía que acudiera, que verificara, que actuara. La respuesta no fue inmediata. La autoridad no llegó cuando debía. Fueron los propios familiares quienes presionaron, quienes insistieron, quienes empujaron una acción que le correspondía al Estado. Cuando finalmente se actuó, ya era tarde”, lamentó.
En aquel estado, dijo, el caso de Debanhi Escobar, que se convirtió en un símbolo nacional. Una joven desaparecida, un país entero siguiendo el caso, una investigación que se volvió mediática y, aun así, profundamente deficiente, comentó Reyes.
La diputada mencionó el caso más reciente. El de Edith Guadalupe ocurrido la semana pasada. Su familia ha denunciado retrasos, trato indigno y actos de corrupción dentro de la propia fiscalía. No solo enfrentaron la pérdida de su hija, sino un sistema que no respondió con la seriedad, la sensibilidad ni la eficacia que se exige en estos casos.
Y rostros y rostros de más mujeres que la sociedad mexicana recuerda. Si no todos, por lo menos uno sí, uno al menos de todos esos casos, historias escritas con caudales de sangre.
Ingrid Escamilla mostró no solo la brutalidad del feminicidio, sino también la revictimización institucional y mediática, la filtración de imágenes, la pérdida total de respeto por la dignidad de la víctima incluso después de su muerte.
Y el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria, evidenció cómo las primeras respuestas institucionales pueden cargar prejuicios, culpar a la víctima y desviar la investigación. Fue la presión social la que obligó a corregir la narrativa oficial.
“Estos cinco casos no son excepciones. Son evidencia de un patrón. Un patrón en el que las familias tienen que buscar, presionar, exigir y enfrentar a las propias instituciones para obtener respuestas. Un patrón que en la última década ha cobrado 8 mil 735 vidas en México, mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Esos cinco nombres que hoy mencionamos no son casos aislados, son apenas una pequeña muestra de miles de historias que no llegaron a este pleno.
Eso es lo que hoy tenemos que reconocer con firmeza en México, el problema del feminicidio no es únicamente un problema legal, es un problema de Estado”, dijo.
La emecista señaló que desde el caso de Campo Algodonero, hace más de quince años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por no prevenir, no investigar adecuadamente y permitir la impunidad en los asesinatos de mujeres. Se establecieron estándares claros de debida diligencia, de perspectiva de género y de obligación reforzada.
“Hoy se nos presenta una reforma que busca homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país. La Minuta busca precisamente que se cree una ley que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país. Sí, es un paso necesario. Hoy la justicia depende del código penal de cada estado y eso genera desigualdad, incertidumbre e impunidad. Lo que esta reforma no resuelve. Homologar la ley no es lo mismo que garantizar justicia. El problema no es solo cómo está escrito el delito, es cómo se investiga, cómo se integra una carpeta, cómo actúan las fiscalías y si las autoridades llegan a tiempo o no.”
La diputada expuso que se puede tener un tipo penal uniforme en todo el país y seguir teniendo investigaciones deficientes, peritajes mal hechos, insuficiencia de personal para búsqueda inmediata en los estados y familias revictimizadas. Esa es la realidad que no podemos ignorar.
Criticó que hoy las fiscalías enfrentan carencias profundas: falta de personal especializado, falta de peritos, protocolos que no se aplican, investigaciones mal integradas y una ausencia real de debida diligencia. Mientras eso no cambie, la impunidad va a seguir siendo la regla, aunque la ley sea impecable”, reprochó la diputada de la bancada más femenina de San Lázaro.
Pero dijo más, sin recursos cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico. “México no necesita más símbolos, necesita resultados”, y consideró como urgente que las instituciones de seguridad y justicia trabajen de manera coordinada, que compartan información, que actúen con rapidez, que no revictimicen, que no minimicen, que no retrasen, porque cada minuto que se pierde en una investigación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.