La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú concluyó con nuevas decisiones que buscan aterrizar en hechos lo que antes eran compromisos, con énfasis en proteger a quienes defienden el medio ambiente y mejorar el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe.
Durante el encuentro se aprobaron 10 medidas consideradas clave para avanzar en la aplicación del tratado, entre ellas el impulso a un mecanismo de respuesta rápida enfocado en brindar protección a personas defensoras ambientales, uno de los puntos más urgentes en la región.
En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó que la cooperación entre países será fundamental para enfrentar la crisis ambiental, y subrayó que el Acuerdo de Escazú se mantiene como la principal herramienta para garantizar acceso a la información, participación ciudadana y justicia en temas ecológicos.
La delegación mexicana, integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó en las discusiones y respaldó el fortalecimiento del Comité de Cumplimiento, al que consideran pieza clave para que las reglas se apliquen en la práctica.
Encabezados por la procuradora ambiental Mariana Boy Tamborrell, los representantes mexicanos también incluyeron a integrantes de la sociedad civil, con lo que se reforzó el enfoque participativo del acuerdo.
México aprovechó el espacio para presentar avances de su ruta nacional de implementación, una estrategia que plantea acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar derechos ambientales. Este plan será sometido a consulta pública para definir su aplicación en territorio.
Además, el país destacó su participación en temas como el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y el acceso a la justicia ambiental, áreas en las que busca mantener un papel activo.
Otro de los puntos que marcó la reunión fue la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal, con la intención de reducir desigualdades en el acceso a derechos ambientales.
En el plano institucional, se definió la nueva Mesa Directiva del Acuerdo, que será encabezada por San Cristóbal y Nieves, con Colombia, Bahamas, Belice y Panamá como vicepresidencias.
Este último país también adelantó su intención de albergar la próxima conferencia en 2028.
Los países de la región buscan consolidar una etapa en la que la protección ambiental no quede solo en acuerdos, sino que se traduzca en acciones concretas para garantizar derechos y fortalecer la justicia ambiental.