
Morena y el PAN protagonizaron un ríspido y polarizado debate en el pleno del Senado tras la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, a la reunión convocada por comisiones para explicar la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad en esa entidad
Legisladores de Morena calificaron el hecho como un “desacato político”, mientras que desde la oposición se defendió la decisión de la mandataria estatal y se acusó un uso político del caso por parte del partido guinda a quien exigieron medir con la misma vara a sus “narco gobernadores”.
“En su ausencia está retratada el desacato político, el desdén que la incompetencia y el fracaso de su gobierno brinda a la república”
“ Hoy está claro por propias declaraciones del exfiscal, del secretario de seguridad pública, de la gobernadora, de distintos agentes policiacos que las autoridades de Chihuahua están al margen de la ley y de la constitución”, fustigó el presidente de la comisión de Justicia del Senado, el morenista, Javier Corral
El debate también estuvo marcado por confrontaciones verbales, como las protagonizadas por legisladores del PAN, entre ellos Javier Corral y Lilly Téllez, quienes intercambiaron acusaciones y descalificaciones, elevando el tono de la discusión.
Desde la oposición, el senador del PAN, Ricardo Anaya, defendió la actuación del gobierno de Chihuahua y acusó que el caso ha sido sobredimensionado con fines políticos e incluso acusó al oficialismo de esgrimir argumentos esquizofrénicos.
“Lo que ustedes dicen es que el gravísimo pecado de la gobernadora, dicen ustedes, no lo digo yo, fue recibir información de la CIA con la ubicación de un narcolaboratorio, proceder en consecuencia y desmantelar el narcolaboratorio, es un razonamiento esquizofrénico”, ironizó
“Se tiran al piso como si una invitación fuera un mandato”, reprochó.
En contraste, denunció que no se da la misma relevancia a casos que involucran a funcionarios afines al oficialismo, como el del gobernador de Sinaloa, a quien —aseguró— le fue retirada la visa estadounidense y que presuntamente tenía vínculos indirectos con un narcotraficante.
“El problema es que les parece gravísimo que una gobernadora combata al crimen organizado, pero no les parece grave cuando se trata de sus propios gobernadores”, sostuvo.
El PRI a través de la senadora, Claudia Anaya, reiteró que el Senado no tenía autoridad para citar a la gobernadora y recordó que es el gobierno federal quien por ley, debe tener conocimiento de la presencia y actividades de los agentes extranjeros en el país.
“¿Cuántos agentes están operando en este país sin que lo sepa el Centro Nacional de Inteligencia o las áreas de la sección segunda del Ejército y la Guardia Nacional que trabajan justamente con inteligencia y contrainteligencia? ¿Qué tan salvaguardada está nuestra defensa nacional? “, cuestionó
Pidió no caer en politiquería y sostuvo que hay presencia de actores extranjeros en México y no solo en Chihuahua.
De hecho planteó la presencia de agentes de países afines ideológicamente a la Cuarta Transformación.
“De cuántos países hay presencia? ¿Solo de Estados Unidos o también de Rusia o también de China? ¿Qué tanto sabemos de lo que está pasando en este país? Asumamos las riendas de nuestras responsabilidades”, fustigó
La zacatecana consideró que el Centro Nacional de Inteligencia ya no está informándole a la presidenta Sheinbaum a de la presencia de agentes extranjeros y ya no le estamos dando seguimiento puntual a sus trabajos en este país.
Recalcó que la CIA nunca te avisa de la agenda que trae y replicó que para eso están nuestras áreas de contrainteligencia, ¡ para salvaguardar a esta nación!.
La Presidenta, la que conduce la relación con Estados Unidos, es la Presidenta la que tiene esa relación y a quien le corresponde tratar con quien sí sabe qué pasó, con quienes sí saben qué está sucediendo aquí.
Á su vez, , el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el caso Chihuahua, evidencia fallas estructurales en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
“Encontramos omisiones del Gobierno federal que tiene la obligación de supervisar la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional. Omisiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores que debió acreditar formalmente a estos agentes y no lo hizo.
“Omisiones de la Secretaría de Seguridad que nunca estableció evidentemente criterios mínimos para su actuación. Omisiones del Consejo de Seguridad Nacional, que ni siquiera tenía conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo”, ennumeró
Recalcó que hay omisiones a nivel local pero también a nivel federal.