Con el voto en contra de la ministra Lenia Batres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá asegurar la entrega de dispositivos médicos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, al considerar que su exclusión vulneraba derechos fundamentales.
Con efectos generales, el pleno invalidó la restricción que dejaba fuera de cobertura insumos como anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, así como prótesis y órtesis externas. A partir de esta determinación, el instituto tendrá la obligación de proporcionar estos apoyos a menores que los requieran.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama defendió la validez de la norma impugnada y sostuvo que no existían elementos técnicos suficientes para asumir que el IMSS contaba con capacidad financiera e infraestructura para otorgar estos dispositivos de forma generalizada.
En su argumentación, subrayó que una resolución con impacto estructural debía sustentarse en evidencia sobre presupuesto y recursos disponibles.
Lenia Batres y el antecedente en resolución del ISSSTE, dirigido por su hermano
La postura de Batres en este caso se suma a una decisión previa en la que impulsó un proyecto relacionado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, institución dirigida por su hermano, Martí Batres Guadarrama.
En esa resolución, la Corte otorgó un amparo al instituto para recalcular una deuda fiscal que superaba los 5 mil millones de pesos, originada por créditos determinados en 2017 por la Ciudad de México por conceptos como impuesto predial, nómina y agua correspondientes a periodos entre 2009 y 2013.
El proyecto, aprobado por mayoría, planteó que los inmuebles del ISSSTE están bajo un régimen de dominio público, lo que implicaría su exención de impuestos locales conforme al marco constitucional. Además, la propuesta advirtió que el cobro tendría un impacto significativo en las finanzas del organismo, con posibles repercusiones en servicios de salud, pensiones y prestaciones.
La discusión en el pleno incluyó solicitudes para aplazar el análisis del caso, planteadas por algunos ministros tras conocer la posibilidad de un acuerdo de pago con autoridades capitalinas. Batres rechazó posponer el debate y sostuvo que existían condiciones para resolver el asunto en esa sesión.