La dirigencia nacional de Morena respaldó al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República ( FGR) sobre la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y expresó su preocupación por que esa petición se realice sin ningún elemento de prueba por parte de Estados Unidos.
Ello —agrega—vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación.
En un posicionamiento, el CEN de Morena que aún encabeza, Luisa María Alcalde, próxima titular de la consejería jurídica de la Presidencia de la República, advierte que la forma en la cual se comunicó esa información por parte de la embajada de Estados Unidos, viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales en materia de extradición lo que afecta la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países.
La dirigencia morenista recordó—como lo explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores—que las solicitudes de extradición deben seguir un proceso claro por lo cual serán analizadas por la Fiscalía General de la República, única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder.
Ello conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, recordó
En ese sentido respaldó la actuación institucional del Gobierno de México en relación a las solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre en estricto apego al Estado de Derecho.
Asimismo refrendó su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República, sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, imputaron formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de esa entidad por participar en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Los acusa de utilizar sus cargos públicos para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
La acusación incluye a los siguientes personas: -Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena, Enrique Diaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra, exvicefiscal de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
Asimismo a Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipolito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
También a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y a Juan Valenzuela Millán , excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.