El conflicto en la localidad de Villa de Pozos en el estado de San Luis Potosí llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Ciudad de México, donde exintegrantes del Concejo Municipal protestaron para exigir una resolución a la controversia constitucional que interpusieron tras su destitución.
Frente al máximo tribunal, los inconformes acusaron directamente al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y al diputado local Héctor Serrano Cortés de intervenir en la vida interna del municipio mediante decisiones impulsadas desde el Congreso estatal.
Los manifestantes señalaron que la remoción del Concejo no fue un asunto administrativo, sino parte de una estrategia para tomar control político del municipio, lo que —advirtieron— rebasa los límites institucionales.
Durante la protesta, advirtieron que lo ocurrido en Pozos podría repetirse en otras partes del país si no se frena este tipo de acciones. “Hoy fue aquí, mañana puede ser cualquier municipio”, expresaron.
El caso se encuentra actualmente en revisión en la Corte bajo la controversia constitucional 7/2026, aunque hasta ahora el análisis se ha centrado en aspectos procesales sobre quién tiene legitimidad para promoverla, sin entrar al fondo del asunto.
Para los inconformes, esta falta de resolución permite que los cambios ya realizados se mantengan, dejando sin una defensa efectiva a la autonomía municipal.
Especialistas consultados por los propios manifestantes consideran que, si no se define pronto el fondo del caso, se podría enviar un mensaje de permisividad hacia la intervención de gobiernos estatales en municipios, debilitando el equilibrio del sistema federal.
Los ciudadanos adelantaron que mantendrán movilizaciones y acciones legales hasta obtener una respuesta de fondo por parte del tribunal. Insisten en que el caso dejó de ser local y ahora representa un ejemplo de los riesgos que enfrenta el federalismo en el país.