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El coordinador de los diputados de Morena aseguro que no hay una prueba contundente contra el gobernador de Sinaloa y la ley lo protege

Rocha Moya no está solo, dice Monreal tras solicitud de extradición de EU

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, manifestó que la solicitud de extradición emitida por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un tema de conflicto político con México, porque “hay muchos intereses”, pero al mandatario estatal lo arropa la ley, y no está solo.

Monreal Ávila se negó a expresar abiertamente decir si, como antaño lo hizo su bancada en San Lázaro, “¡Rocha Moya, no estás solo, no estás solo!”

El líder parlamentario expresó que, como doctor en derecho y catedrático de la UNAM, se debe poner por delante la ley y lo que dicen los tratados sobre los procesos de extradición.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho lo correcto al recibir la petición y transmitirla a la Fiscalía General de la República, quien de inmediato revisará y promoverá las medidas pertinentes. Estamos en el proceso, no me parece nada alejado de una solicitud de un gobierno extranjero; ahora le corresponde a las autoridades mexicanas determinar si hay elementos de prueba, si hay pruebas sobre los dichos de la autoridad extranjera. Veo que fue para muchos lo que dicen en medios “una bomba”, y ya el gobernador también declaró y rechaza contundentemente cualquier acusación de esta índole y rechaza cualquier conducta antijurídica que él haya cometido. Luego entonces hay que esperar que la FGR analice la solicitud, revise las pruebas que se adjuntaron y determine si hay algún tipo penal cuyos elementos se comprueben con las pruebas del país extranjero que solicita la extradición”, dijo Monreal Ávila.

A diferencia de si la bancada morenista arroparía nuevamente a Rocha Moya, Monreal Ávila: “Nosotros vamos a arropar siempre la ley y la justicia, sin excepción. Siempre la ley, la verdad y la justicia. Y mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a ser aplicados o a que se aplique el principio de presunción de inocencia. Todos por disposición constitucional de la Carta Magna mexicana”.

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