Frente a los desafíos actuales y el nuevo modelo de impartición de justicia en el país, la Magistrada Mónica Soto Fregoso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llamó a las instituciones públicas a fortalecer la legitimidad institucional a través de la confianza ciudadana, la transparencia y la claridad en las resoluciones.
“Tenemos que estar mucho más abiertos a escuchar el debate y a encontrar, bajo nuestra Constitución, las soluciones más apropiadas para tener un México más justo y a la altura de la dignidad de las y los mexicanos”.
Señaló lo anterior, en el marco del décimo aniversario del Posgrado interinstitucional en derechos humanos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur evento encabezado por Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En su intervención, la magistrada también resaltó que la función jurisdiccional electoral en nuestro país está a la vanguardia internacional, yendo más allá de la resolución de controversias para asegurar un amplio espectro de protección a los derechos político-electorales los cuales, sostuvo, son en esencia, derechos humanos.
Este enfoque, dijo, es indispensable para orientar la actuación de quienes imparten justicia en cualquier materia y subrayó la importancia de visibilizar a grupos en situación de vulnerabilidad, ya que “hoy hablar de derechos humanos es hablar de personas migrantes, con discapacidad, de la diversidad sexual, mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes, afrodescendientes e indígenas”, y resaltó que la inclusión es clave para una justicia real.
Durante su intervención, González Placencia refirió que el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos nació hace una década con el objetivo de romper el esquema de “competencia férrea” entre universidades.
Subrayó que en lugar de que cada institución buscara destacar de manera individual, cuatro universidades decidieron unir esfuerzos y compartir sus núcleos académicos básicos para generar una fortaleza común de calidad extraordinaria, modelo innovador que permitió que los estándares académicos fueran uniformes en todas las sedes.
Los propios profesores, dijo, se trasladaban entre las universidades para impartir cátedra, garantizando que el nivel de enseñanza fuera el mismo para todos los estudiantes y gracias a esta estrategia de colaboración, el programa ingresó rápidamente al padrón de excelencia de los posgrados en México.
Ante esta suma de talentos, abundo, el posgrado ha alcanzado un nivel comparable e incluso superior al de instituciones nacionales de gran tradición, por su capacidad de unir esfuerzos institucionales, lo que, permitió romper el esquema de “competencia férrea” entre universidades.
A lo largo de estos diez años, el proyecto integrado por las universidades autónomas de: Baja California Sur, de Campeche, de Tlaxcala, y la Universidad de Guanajuato, ha crecido e incorporado a nuevas instituciones como las universidades autónomas de Chihuahua, de Tamaulipas, de Chiapas y la Universidad Iberoamericana (participante en el nivel de doctorado).
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Salgado González, señaló que una vez más esta universidad lleva a cabo dicho Posgrado Interinstitucional; una estrategia para enfrentar la carencia de Maestros en Derechos Humanos.
Asimismo, señaló que, en el corto plazo se pretende elevar la habilitación académica de los interesados en el área: funcionarios públicos, operadores de organizaciones de la sociedad civil y docentes en el país, para promover la investigación científica y con ello la promoción, difusión y salvaguardar de los derechos humanos.
A su vez, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, agradeció la invitación a participar en este importante encuentro para la cultura y la academia en nuestro país, el cual, manifestó, fomenta el desarrollo académico de las y los estudiantes.