Activistas y pobladores de Bahia de Banderas pidieron la intervención del Senado ante las obras en Playa Las Cocinas que derivaron en malestar y protestas.
Solicitaron qué se exhorte al presidente municipal de Morena, Héctor Santana, por la falta de supervisión y acción oportuna frente a las marcaron el inicio de un conflicto que ya escaló a protestas, bloqueos y detenciones de activistas en la región.
La senadora del PAN, Ivideliza Reyes, dijo qué el conflicto el conflicto en Playa La Cocina (Punta de Mita) se encuentra en un punto de alta tensión social. Las obras de la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. (vinculada al Grupo DINE) continúan ejecutándose dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) pese a las denuncias de daño ambiental y bloqueo al acceso público.
“Hay una manifestación ciudadana de pobladores de Punta de Mita, ellos exigen que se suspenda la construcción que está afectando el litoral en Playa Cocinas, tienen tiempo solicitando mesa de dialogo con las autoridades y lo único que encontraron muy represión a su manifestación. El gobierno defiende los intereses económicos y no los intereses de los ciudadanos, no es un hecho aislado”.
El conflicto en Playa Las Cocinas se mantiene como un foco de tensión social donde convergen denuncias ambientales, exigencias de legalidad y presión ciudadana.
Autoridades municipales han reconocido públicamente que no existe permiso de construcción en la zona específica; sin embargo, la obra avanzó sin ser detenida, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles fallas en los mecanismos de inspección y control territorial bajo responsabilidad del gobierno local.
En este contexto, policías estatales detuvieron y posteriormente liberaron a los activistas Antonio Benavides, Fabricio Yáñez y Sandra Cano, quienes documentaban trabajos con maquinaria pesada en la franja de arena de Bahía de Banderas, en una zona federal considerada área de desove de tortugas. La liberación se dio tras movilizaciones y presión social por parte de pobladores.
Las protestas han sido impulsadas por habitantes de comunidades como Emiliano Zapata e Higuera Blanca, así como por colectivos y defensores ambientales que se oponen al proyecto de la empresa Cantiles de Mita, filial de DINE, al considerar que podría generar un daño al ecosistema costero.
SIN PERMISOS
Los inconformes han señalado que no existe claridad sobre los permisos ni sobre la manifestación de impacto ambiental del proyecto, pese al uso de maquinaria pesada y colocación de estructuras en la zona de playa.
Las áreas de ordenamiento territorial, licencias e inspección, dependientes del Ayuntamiento, contaban con facultades para verificar la legalidad de la obra y actuar ante irregularidades; no obstante, el caso avanzó sin contención en sus primeras etapas, lo que derivó en un aumento del malestar social.
El proyecto, vinculado al desarrollo turístico en Punta de Mita, ha sido presentado como parte de la inversión en la región; sin embargo, opositores mantienen sus demandas para frenar las obras y exigir claridad sobre su situación jurídica y ambiental.