En el marco del Quinto Centenario del primer nombramiento de corredor en México, el presidente de la comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona presentó una iniciativa para declarar el 11 de mayo de cada año como “Día Nacional de la Correduría Pública Mexicana”.
La propuesta legislativa busca reconocer la relevancia histórica, jurídica y económica de una institución que, desde hace 500 años, ha contribuido a brindar certeza jurídica y confianza en las relaciones comerciales del país.
La iniciativa destaca que, desde sus orígenes, la correduría pública se consolidó como una institución vinculada al orden económico y comercial del territorio, encargada de garantizar legalidad, imparcialidad y transparencia en las transacciones comerciales.
Incluso, la iniciativa subraya que ya en el siglo XVI existían obligaciones éticas relacionadas con la veracidad, la prohibición de prácticas indebidas y la actuación sin fraude.
“La correduría pública en México constituye una institución jurídica de gran tradición en el derecho mercantil y de profundo arraigo histórico”, señala la exposición de motivos del proyecto legislativo.
La iniciativa también pone énfasis en el impacto social y económico que actualmente tiene la correduría pública.
Los corredores públicos, habilitados por la Secretaría de Economía—agrega--, participan como fedatarios mercantiles, peritos valuadores, mediadores, árbitros y asesores jurídicos en materia comercial, contribuyendo directamente al fortalecimiento del Estado de derecho y a la seguridad jurídica en las actividades económicas.
Asimismo, la iniciativa contempla que autoridades federales, estatales y municipales puedan promover actividades académicas, culturales y de difusión para reconocer la importancia histórica y jurídica de la correduría pública mexicana.
De acuerdo con la iniciativa, el origen documentado de la correduría pública en México se remonta al 11 de mayo de 1526, cuando el Cabildo de la entonces Ciudad de Temixtitan otorgó el primer nombramiento formal de corredor a Diego de Aguilar, dejando constancia en el Libro Primero de Actas de Cabildo, mismo que se resguarda el Archivo Histórico de la Ciudad de México “Carlos de Sigüenza y Gángora”.
Con esta propuesta, el Senado de la República busca rendir homenaje a una de las instituciones jurídicas más importantes y antiguas del país, cuya evolución ha acompañado el desarrollo económico, comercial y legal de México desde la época virreinal hasta la actualidad.