La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó que entre enero y marzo de este año aplicó sanciones contra 32 proveedores y contratistas por incumplimientos e irregularidades detectadas en procesos de contratación pública federal.
De acuerdo con la dependencia, las sanciones derivan de faltas relacionadas con las leyes de adquisiciones y de obras públicas, y forman parte de las acciones para combatir actos de corrupción e impunidad dentro de la administración pública.
Multas
En total, las autoridades impusieron multas por 15 millones 677 mil pesos, además de 28 inhabilitaciones para impedir que las empresas o personas sancionadas participen en nuevos contratos con el Gobierno federal.
Las inhabilitaciones van desde tres meses hasta dos años y aplican tanto para contrataciones directas como mediante intermediarios.
La dependencia destacó que, en promedio, se sancionaron 2.6 proveedores o contratistas por semana durante el primer trimestre del año.
Información falsificada
La principal causa de las sanciones fue la entrega de información falsa durante los procedimientos de contratación, situación detectada en 24 casos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apareció como la dependencia federal con más proveedores sancionados, al acumular 14 casos relacionados con irregularidades.
Según el reporte oficial, las actividades económicas más involucradas en las sanciones fueron la prestación de servicios, con 37.5 por ciento de los casos, seguida por el sector salud con 34.37 por ciento.
También se detectaron irregularidades en adquisiciones o arrendamientos de bienes y en contratos de construcción.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que todas las empresas y personas sancionadas fueron notificadas formalmente y sus casos quedaron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Además, fueron integradas al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, disponible para consulta pública.
La dependencia aseguró que continuará reforzando la vigilancia en las compras y contrataciones públicas para evitar irregularidades y garantizar mayor transparencia en el uso de recursos federales.