La más reciente reforma a la Ley General de Desarrollo Social (DOF 15-01-2026) deja en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) establecer los lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de la pobreza. Una responsabilidad heredada tras la desaparición del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En congruencia con la trayectoria establecida por el CONEVAL, el INEGI, a través de la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social (de reciente creación), realizó la medición 2024 en estricto apego a los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza que emitió el CONEVAL (DOF 30-10-2018). Dichos lineamientos y su anexo único, la Metodología para la Medición de la Pobreza en México, constituyen la propuesta que en su momento CONEVAL ofreció en cumplimiento de la letra del artículo 36 de la LGDS que, en esta tarea le obligaba a utilizar indicadores de carencias específicos producidos por el INEGI.
Vale la pena recordar que, antes de su última reforma, la LGDS establecía que el CONEVAL “deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: ingreso per cápita, rezago educativo promedio del hogar, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa, acceso a los servicios básicos de la vivienda digna y decorosa, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada”.
Esta restricción no sólo determinó los márgenes en los que era posible allegarse a las mejores prácticas y principios científicos para contar con la mejor medición de pobreza posible, sino que socavó de origen su confiabilidad, volviendo no sólo posible, sino deseable su manipulación al establecer el “papel primordial que tienen los indicadores de la medición de la pobreza como faros orientadores de la evaluación de la política social.” Sirva como ejemplo de ello la Estrategia Nacional de Inclusión Social, impulsada por José Antonio Meade desde la SEDESOL (2015-2016), centrada en el abatimiento no de la pobreza, sino de los indicadores dispuestos para su medición. Piénsese que es como si el Banco de México se propusiera preservar el valor de la moneda nacional estableciendo controles de precios sobre la canasta de bienes y servicios con la que se mide la inflación. Esto, además de confundir trágicamente las consecuencias de la inflación con sus causas, socava la confianza que se pueda depositar en cualquier medición de la inflación basada en dicha canasta. En efecto, desde mediados de los años 70, las bien conocidas leyes de Goodhart y Campbell advierten que, cuando una medida o indicador cuantitativo se convierte en el objetivo, incluso bajo las mejores intenciones de la gestión administrativa, deja de ser una medida fiable porque distorsiona el proceso que intenta evaluar: lo que se mide deja de ser lo que importaba y lo que importaba deja de medirse.
A estos efectos no deseados de imponer el uso de determinados indicadores en la medición oficial de la pobreza, cuya directiva principal es orientar la evaluación de la política social, hay que agregar el asunto, relativamente técnico, de que se vuelve prácticamente imposible hablar de error de medición como algo distinto al error de muestreo. Sin una teoría de la pobreza que explique las relaciones que prevalecen entre ésta y sus indicadores; es decir, un modelo de medición explícito, resulta virtualmente imposible hablar de error de medición y, con ello, de la comparabilidad de las cifras resultantes. Esta dificultad para rastrear la incertidumbre asociada a la estimación de la pobreza es particularmente notable a nivel municipal, donde la combinación de indicadores estimados, algunos de forma directa con base en el diseño muestral y otros de forma indirecta con base en modelos, impide observar los estándares profesionales actuales para la elaboración de este tipo de estadísticas (estimación de áreas pequeñas).
De este modo, la continuidad que la Coordinación General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral del INEGI ha decidido mantener en la medición de la pobreza —que confiere a indicadores específicos la función central de guiar la evaluación de la política social—, entra en colisión con la finalidad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, y con sus principios rectores de objetividad e independencia, establecidos en el Artículo 3 de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica (DOF 14-11-2025).
Esta función primordial del Sistema únicamente puede cumplirse ofreciendo las mejores cifras de pobreza posibles en términos de su comparabilidad, confiabilidad y validez. Es sólo bajo estas condiciones que es posible asignar, de manera responsable, los millones de pesos del erario dedicados al combate a la pobreza. Para alcanzar este objetivo, se requieren lineamientos claros y congruentes con las mejores prácticas y los principios científicos de la medición, basados en teorías explícitas de pobreza que den sustento a modelos razonables sobre el proceso de medición mismo, y en los que la responsabilidad de los indicadores de guiar la evaluación de la política social pase a segundo término.
Afortunadamente, la reforma más reciente a la LGDS amplía el margen de discreción del INEGI para definir, identificar y medir la pobreza. La letra vigente de su artículo 36 no obliga al INEGI a utilizar indicadores específicos en la medición de la pobreza, como lo hacía con el CONEVAL. En su nueva versión, de dicho artículo establece que “[E]l Instituto debe procurar la generación de información de al menos los siguientes indicadores”, seguido de la relación de indicadores anteriores. La diferencia entre la redacción previa de la Ley y la actual es clara: antes de su última modificación, el artículo 36 conminaba a usar en la medición de la pobreza, por lo menos, los indicadores señalados; mientras que en la vigente solo exige que el INEGI procure generar información de ellos. Corresponde ahora al instituto ejercer su autonomía técnica y de gestión, aprovechar lo aprendido gracias a instituciones como el CONEVAL y avanzar en la producción de las mejores estadísticas de pobreza posibles.
Han pasado ya dos décadas desde que el CONEVAL comenzó los trabajos dirigidos a diseñar la medición multidimensional de la pobreza. En este periodo se ha acumulado experiencia; y no sólo en México, la Estadística en general ha experimentado cambios evidentes para todos, con el aprendizaje automático y el desarrollo de la estadística bayesiana, todo ello apoyado por la expansión en la capacidad de procesamiento de información. En particular, la teoría de la medición y sus métodos han propiciado avances relevantes en los últimos años. Hoy en día, por ejemplo, no es difícil encontrar instrumentos de medición de pobreza y estimadores de áreas pequeñas, desligados de los indicadores del desempeño de la política social, que superan a la medición oficial en términos de confiabilidad y validez, incluso en México.
En suma, hay momentos en el desarrollo del conocimiento en los que, para honrar verdaderamente los aprendizajes heredados, es necesario dejarlos atrás; esto aplica tanto al motor de combustión interna (un avance tecnológico incuestionable) como para la medición oficial de la pobreza. Del mismo modo que a partir de 2006 el CONEVAL realizó un mapeo del estado del arte en materia de medición de la pobreza, no sólo mediante la revisión exhaustiva de la bibliografía, sino también a través de la consulta directa con los especialistas más reconocidos del país y del extranjero; ahora corresponde al INEGI llevar a cabo la revisión a fondo que la medición de la pobreza en México requiere, en esta ocasión, y por primera vez, libre de la restricción de hacer de los indicadores del desempeño de la gestión pública indicadores de la medición de la pobreza.