El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en el estado y actualmente solo cuenta con resguardo de la policía estatal, sin protección de corporaciones federales.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario federal respondió a versiones que circulaban en redes sociales sobre el supuesto paradero desconocido del exmandatario sinaloense. García Harfuch aseguró que Rocha Moya sigue en territorio sinaloense y que su ubicación no está oculta.
“El gobernador está en Sinaloa. No ha sido reservada su ubicación, está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México”, señaló el titular de la SSPC.
El secretario explicó que la seguridad del exgobernador depende únicamente de las disposiciones estatales aplicables a quienes ocuparon ese cargo. Por ello, detalló que la escolta que mantiene Rocha Moya corresponde a elementos estatales y no a fuerzas federales como la Guardia Nacional o el Ejército.
Las declaraciones se dieron luego de que Rocha Moya solicitara licencia a su cargo y perdiera el fuero. Además, recientemente se informó sobre el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), situación que volvió a colocar al político sinaloense en el centro de la discusión pública.
En la misma conferencia, García Harfuch defendió la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó las versiones que apuntan a una supuesta protección política vinculada al crimen organizado.
El funcionario sostuvo que la actual administración ha reforzado las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y los gobiernos estatales.
Rocha Moya también aparece mencionado en un expediente del Distrito Sur de Nueva York, donde autoridades estadounidenses señalan a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con ese documento, las acusaciones estarían relacionadas con una supuesta conspiración para facilitar operaciones de tráfico de drogas ligadas a una facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de presuntos beneficios políticos y económicos.