En medio de las acusaciones contra varios gobernantes desde el de Sinaloa hasta presidentes municipales, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una nueva propuesta de reforma electoral que busca impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan competir por cargos de elección popular.
La mandataria señaló que el objetivo es cerrar el paso a cualquier aspirante de cualquier partido político que represente un riesgo por presuntos nexos con grupos criminales.
Recordó que el envío inmediato de esta propuesta responde a la necesidad de que las nuevas reglas puedan aplicarse antes del próximo proceso electoral federal de junio de 2027.
Por ello busca aprovechar el periodo extraordinario para que se apruebe esta reforma pues el plazo para hacer cambios a las leyes electorales se vence el 3 de junio próximo, es decir, 90 días antes de que arranque en septiembre el proceso electoral del 2027.
La iniciativa forma parte de las medidas que originalmente estaban contempladas en el llamado Plan “A” de reformas impulsado por el movimiento de transformación.
La idea es que a través de una comisión de verificación se solicite a la la FGR, UIF entre otras si el o la aspirante tiene “patrones sospechosos”.
La mandataria explicó que la iniciativa surge tras diversos casos detectados desde el inicio de su administración, donde autoridades municipales presuntamente mantenían relaciones con grupos criminales.
Entre ellos mencionó la llamada “Operación Enjambre” en el Estado de México, en la que fueron investigados funcionarios municipales por presuntos nexos con actividades delictivas.
También recordó el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde el alcalde emanado de Movimiento Ciudadano fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como otros hechos ocurridos en Tequila y recientemente en Morelos, donde dos presidentes municipales y funcionarios locales quedaron bajo investigación.
Sheinbaum explicó que la propuesta busca fortalecer las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar perfiles y candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
Aseveró que el Congreso deberá celebrar un periodo extraordinario para aprobar modificaciones relacionadas con la reforma al Poder Judicial y trasladar al año 2028 parte del proceso de elección judicial anunciado previamente por su administración.
Sheinbaum defendió la nueva propuesta de reforma electoral que busca impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan competir por cargos de elección popular, especialmente en alcaldías y gobiernos municipales.
Sheinbaum subrayó que se trata de “casos aislados” y no de una situación generalizada, pero consideró necesario establecer mecanismos preventivos rumbo a las elecciones de 2027.
La propuesta contempla fortalecer las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en coordinación con instituciones de investigación del Estado mexicano, pueda identificar perfiles con posibles riesgos o antecedentes relacionados con actividades ilícitas.
La presidenta aclaró que todo el procedimiento deberá respetar el principio constitucional de presunción de inocencia y que la decisión final sobre postular o no a una persona recaerá en los partidos políticos, una vez que reciban la información correspondiente.
Explicó además que esta medida originalmente formaba parte del llamado “Plan A” de reforma electoral impulsado por su movimiento, el cual incluía otros cambios como la eliminación de legisladores plurinominales. Sin embargo, al no aprobarse esa reforma, el planteamiento quedó pendiente.