La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudirá este miércoles 27 de mayo al citatorio programado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez aunque presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable pues la mandataria cuenta con fuero que no se le ha retirado.
Roberto Gil Zuarth, representante legal de la mandataria chihuahuense, advirtió que presentará una denuncia penal contra quienes resulten responsables por presuntamente haber iniciado un procedimiento penal en contra de la gobernadora sin retirar previamente su fuero constitucional.
Adelantó que en las próximas horas presentarán una denuncia penal con fundamento en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal, al considerar que la actuación de la autoridad federal viola el procedimiento constitucional requerido para investigar penalmente a una gobernadora en funciones.
Explicó que el citatorio no establece ninguna pregunta concreta ni solicita ninguna información, sino que únicamente ordena la comparecencia personal de la mandataria estatal.
“En el cuerpo del citatorio uno puede apreciar el tamaño de la intención de hostigamiento procesal que intenta la Fiscalía General de la República, en el marco de la persecución política que han emprendido contra la gobernadora del estado.
Por un lado, en el citatorio se afirma que la comparecencia es en calidad de testigo; sin embargo, todos los fundamentos legales invocados son aquellos que se aplican para las personas inculpadas.
Le dicen ´Gobernadora, venga en calidad de testigo, pero tráigase abogado defensor, por si aquí le cambiamos la condición a inculpada´ “, acusó
Explicó que la única posibilidad de que comparezcan es una vez retirada la protección constitucional, es decir, el fuero, es que la Cámara de Diputados y/o o el congreso del Estado l hagan.
De acuerdo con Gil Zuart5h, el citatorio que le entregaron a Maru Campos contiene elementos contradictorios, ya que aunque Maru Campos fue citada en calidad de testigo, se invocan fundamentos legales con personas inculpadas.
“Eso implica que el Ministerio Público ha abierto un procedimiento penal en contra de un servidor público con fuero sin habérsele retirado éste previamente”, acuso.
Recalcó que jurídicamente la gobernadora no tiene obligación de comparecer.
“Jurídicamente no puede ser sujeta a ninguna medida restrictiva de su libertad. Ninguna. Mientras la Constitución siga vigente, esa es la situación legal de la gobernadora”, explicó