En respuesta a la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación de una comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei expuso su posición al respecto señalando que el instituto “no es un órgano ministerial ni judicial”.
De acuerdo con la propuesta de Sheinbaum que será discutida este martes en el Congreso de la Unión, se pretende que esta comisión funcione como un órgano permanente dentro del INE, ya que estaría integrado por cinco consejeras o consejeros electorales, con una presidencia rotativa anual.
Su función sería servir como como un canal de comunicación directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y las instancias competentes del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera; de manera enunciativa, instituciones como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de esta forma lo enunció la encargada del INE.
Por lo que la Comisión recibiría de los partidos políticos, o en su caso, de las personas que aspiren a una candidatura independiente, las listas de los perfiles que pretenden postular a un cargo de elección popular para que el Instituto remita la información a las instancias de seguridad e inteligencia, para que estas últimas realicen un análisis de riesgo.
Al respecto, Guadalupe Taddei, advirtió que en esta propuesta podría haber un área de oportunidad si las facultades institucionales no quedan bien delimitadas, ya que el INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política.
“Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, aseguró la Presidenta.
Subrayó que si de obliga a la institución a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa su papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas.
“El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir, y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.”