Un juez absolvió a Roberto Borge Angulo por el delito de delincuencia organizada; tras esta decisión, el exgobernador del estado de Quintana Roo podrá enfrentar su otro proceso penal en prisión domiciliaria.
Tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada, Roberto Borge Angulo podrá salir del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, donde ha permanecido desde 2018.
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó las pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Tras la resolución, se prevé que Roberto Borge Angulo salga en cualquier momento, a más tardar el 29 de mayo.
A pesar de ser absuelto por el delito de delincuencia organizada, Roberto Borge Angulo todavía tiene que enfrentar otro proceso penal por lavado de dinero; sin embargo, este lo podrá llevar desde su domicilio, debido a que en 2023 un juez federal le otorgó prisión domiciliaria.
¿Quién es Roberto Borge y de qué fue acusado?
Roberto Borge fue gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Quintana Roo de 2011 a 2016.
El 4 de junio de 2017 fue detenido en Panamá, donde planeaba tomar un vuelo a París, después de ser acusado por presunto peculado y desempeño irregular de la función pública durante su cargo como gobernador de Quintana Roo.
En enero de 2018, Roberto Borge fue extraditado a México, donde fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) hasta este jueves 28 de mayo, cuando fue absuelto del delito de delincuencia organizada.
A Roberto Borge se le acusa de favorecer la venta de terrenos en Quintana Roo que eran propiedad del estado a familiares, amigos y presuntos prestanombres a precios inferiores a su valor real.
Los terrenos que fueron vendidos se concentraban principalmente en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen; tras estos hechos, se estima que el daño patrimonial para el estado fue superior a los 900 millones de pesos, de acuerdo con diferentes reportes.