Entre fuego cruzado de acusaciones y señalamientos de Morena y la oposición sobre narco partido, nexos con grupos criminales y el narcotráfico, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que busca filtrar los perfiles vinculados con el crimen organizado.
En una maratónica sesión de más de 31 horas, el pleno de san Lázaro avaló con 316 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 123 en contra del PAN, PRI y MC, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear este “narco detector” rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
El debate estuvo marcado por una lluvia de adjetivos y acusaciones de narcopolíticos, gobernadores de todos los partidos encarcelados o señalados por vínculos con el narcotráfico, que derivó en insultos personales, reto a golpes y hasta toma de tribunas por parte del PRI.
La Comisión de Verificación estará integrada por cinco consejeras y consejeros elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
Dicha instancia será un enlace entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad del Estado, con el objetivo de verificar a cada persona candidata.
Con ella, la Comisión cruzará la información de los perfiles enviados por los partidos políticos con datos de dependencias clave como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Dichas dependencias analizarán si existe un “riesgo azonable” de nexos criminales y notificarán al partido sin revelar detalles confidenciales o sensibles de la investigación.
Con esta información, la decisión final de registrar o no a la candidatura recae exclusivamente en el partido político.
No obstante, las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera iniciarán o continuarán las investigaciones que correspondan “de encontrar información relevante” en los candidatos.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados en tribuna, la diputada morenista Guadalupe Morales aseveró que no se pretende estigmatizar a quienes aspiran a un cargo de elección popular, sino de prevenir y cerrar el paso a quienes, no deben acceder a cargos de esta envergadura.
“Para proteger (la democracia) es prioritario salvaguardar la voluntad popular de nuevas amenazas y revertir el debilitamiento de la confianza ciudadana, eliminando de todo proceso democrático el asedio de grupos de intereses ilícitos cada vez más dispuestos a desafiar a la fuerza del Estado, específicamente los grupos criminales”, explicó
La oposición a través del diputado Federico Döring aseveró que no avalará el uso de las instituciones “para legitimar sus narcos del bienestar”.
“Viene a lavarse la cara y, según ellos, a exorcizar al narco de la democracia, cuando en realidad lo que están haciendo es poner la democracia en manos del narco”, acusó.
“No nos va a venir a pontificar de democracia los que postulan a los narcos en Sinaloa”, reprochó
En tanto, la diputada del PRI, Abigail Arredondo calificó la reforma como una trampa y un doble juego, pues si un partido somete a revisión a sus candidatos, basta la simple presunción o indicio de esas dependencias para desacreditarlos, vetarlos y convertirlos en enemigos del pueblo.
“Esta reforma es un engaño del oficialismo, de este narcogobierno, un mecanismo nuevamente para tratar de manipular la opinión pública y cubrirse con ese manto protector, que, ¿qué creen?, ya está un poco chamuscado. Todo esto afecta el principio de imparcialidad de la función electoral y la seguridad jurídica para los contendientes, y no lo digo yo, lo dice la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, porque aquí vemos las notas que salieron hace apenas unos días”, advirtió.