Con la discriminatoria política antiinmigrante de Donald Trump, el programa DACA (Acción Diferida para los migrantes menores llegados en la Infancia), que protege temporalmente en Estados Unidos de la deportación a jóvenes indocumentados, al otorgarles un permiso de trabajo renovable y seguir estudiando, podría tener los meses contados, debido a acciones más agresivas para renovar este permiso, ralentizando citas y alargando los periodos de revisión de documentos, por lo que de entre más de 500 mil “dreamers”, al menos 200 mil de origen mexicano estarían al borde de su deportación.
Reportes presentados a manera de denuncia por organizaciones y coaliciones en Estados Unidos que monitorean y defienden legalmente a los “dreamers” frente a los retrasos y cambios en las políticas del DACA, señalan que la administración Trump quiere desaparecer en los más de dos años que le quedan a su administración, todo registro de este programa que protege a más a de 505 mil jóvenes migrantes registrados en este programa.
De acuerdo con la organización United We Dream (UWD), la red nacional más grande de EU dirigida por jóvenes migrantes que siguen de cerca las detenciones de jóvenes por parte de agentes de ICE, acusa que el gobierno federal republicano ha ordenado dilatar todo proceso de renovación del DACA, con la intención de obligar a que una vez que sus beneficiarios pierdan esa protección, puedan ser blancos de detenciones e inminentes deportaciones.
La UWD resalta que desde el 20 de enero de 2025, Trump ordenó frenar y ralentizar de manera inmediata todas las renovaciones del DACA con pausas administrativas y revisiones exhaustivas para el procesamiento del Formulario I-821D (utilizado ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS) para quienes soliciten por primera vez o renovar el estatus), lo que ha provocado demoras que si en un principio eran de entre 4 a 6 meses, ahora los tiempos para revisión de documentos han llegado hasta los 14 meses en diversas regiones.
Expulsión arbitraria
Por su parte, dos de las organizaciones que han estado muy activas en la defensa de los jóvenes DACA es la National Immigration Law Center (NILC) y la ACLU, que se han encargado de interponer demandas colectivas en tribunales federales para frenar la suspensión de renovaciones y proteger a los jóvenes migrantes de deportaciones arbitrarias.
Estas organizaciones han seguido de cerca la situación que enfrentan los más de 505 mil DACA, de los cuales la mayoría son de origen mexicano, y que según los registros de Departamento del Censo de Estados Unidos (US Census Bureau), son alrededor de 411 mil “dreamers”, lo que representa el 81% del total de los jóvenes inscritos en el programa, y de los cuales más de 200 mil se encuentran en una pausa intencional de la USCIS para renovar su estatus en el programa, lo que los pone al borde de ser detenidos y deportados.
La NILC y ACLU destacan que los estados con mayor concentración de estos jóvenes DACA mexicanos se encuentran en California y Texas.
Pausa internacional
Sobre el freno intencional a la renovación del programa, la FWD.us, coalición respaldada por líderes empresariales y del ramo tecnológico que documenta el impacto económico de los retrasos burocráticos, ha denunciado que al demorarse la respuesta de USCIS, los permisos de trabajo expiran, dejando temporalmente a los jóvenes en un limbo legal y vulnerables al despido o la deportación, como es el caso que enfrentarían más de 200 mil “dreamers” mexicanos si no se resuelve pronto su estatus DACA.
Las organizaciones defensoras de los “dreamers” acusan que desde la Casa Blanca está la orden de rescindir el programa DACA, mientras que las directrices del Departamento de Justicia buscan facilitar la deportación de los más de 505 mil “dreamers”, lo que ha quedado en evidencia en los 16 meses de la administración Trump, al registrarse un exagerado incremento en los tiempos de espera y denegaciones en las solicitudes de renovación del programa, por lo que al expirar el estatus temporal, los jóvenes que contaban con esta protección no sólo pierden su permiso de trabajo, también quedan expuestos a ser detenidos por agentes de ICE.
Sobre el caso de quienes no han podido renovar su estatus con el programa, la MALDEF, que es la principal organización legal México-Estadounidense que defiende los derechos civiles de los latinos y que representa activamente a los beneficiarios de DACA en los tribunales para asegurar la continuidad del programa, subraya que los jóvenes que se han visto obligados a pasar por esta pausa intencional para la renovación bianual del programa, han enfrentado despidos laborales y la suspensión de sus estudios al no contar con el estatus legal que les ofrece el programa.
En la misma línea de asistencia a los “dreamers” se encuentra la organización National Immigration Forum, que ha denunciado los bloqueos de la administración Trump a la renovación del programa DACA, así como los ordenamientos de los tribunales en el país para mantener en pausa la aprobación de nuevas aplicaciones para el programa, impidiendo que miles de jóvenes que cumplen con la edad ingresen al programa por primera vez, y a quienes buscan su renovación les ponen trabas burocráticas infundadas.
Adiós a renovación automática
Por otra parte, la cadena CNN publicó a inicios de este 2026 que voceros de USCIS confirmado que bajo el liderazgo del presidente Trump, la agencia está aplicando una verificación y un escrutinio “más riguroso” a todos los extranjeros, lo que ha disparado los tiempos de tramitación, entre ellos el DACA.
Asimismo, destaca que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó la regla de renovación automática para los permisos de trabajo, lo que deja claro que si esta dependencia retrasa los trámites en curso, el beneficiario pierde inmediatamente su derecho a trabajar y su protección contra la deportación el mismo día que vence su estatus anterior.
Otra organización que apoya en la protección a los jóvenes DACA es la Hispanic Federation, que ofrece asistencia legal directa, clínicas de renovación del programa y que monitorea la situación de los jóvenes en estados como Nueva York, Florida y Carolina del Norte.
Esta organización advierte que además de quienes quieren renovar su estatus al programa, hay una cifra de cientos de miles de jóvenes que cumplen con la edad para aplicar por primera vez, pero se encuentran en un bloqueo total debido a la orden de Trump de alentar todo trámite, a lo que se suma los inamovibles fallos de tribunales federales que prohíben procesar solicitudes iniciales de aspirantes al DACA.