El 7 de mayo de 2026, la Secretaría de Educación Pública anunció que el ciclo escolar 2025-2026 terminaría el 5 de junio, cuarenta días antes de lo previsto, a causa del calo r y el Mundial de Fútbol. Luego de la gran polémica desatada en redes y espacios de conversación pública en contra de dicha decisión, el 11 de mayo, tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el calendario original quedó restablecido: 185 días efectivos de clase, hasta el 15 de julio, como establece la ley.
El episodio duró menos de una semana, pero lo que reveló se arrastra desde hace tiempo y exige atención. Las autoridades educativas toman decisiones de gran calado sin evidencia suficiente, sin consultar a las comunidades afectadas y sin una política de cuidados que reconozca que cuando no hay clases, alguien en casa —por lo general una mujer— termina pagando.
Lo que los datos llevan años diciéndonos
México llegó a esta polémica con un historial que no admite optimismo. Los resultados de la prueba PISA 2022 nos ubicaron en el lugar 51 de 81 naciones evaluadas -penúltimo entre los miembros de la OCDE. Dos de cada tres estudiantes mexicanos de 15 años no lograron realizar operaciones matemáticas simples; uno de cada dos no comprendió una lectura de nivel básico. El siguiente cuadro presenta los resultados de la prueba PISA para México entre 2003 y 2022, en el que se observa un estancamiento prolongado con tendencia a la baja en los años más recientes, incluido el ciclo 2022, aplicado en contexto pospandémico. Para contextualizar: el promedio histórico de la OCDE ha rondado los 500 puntos, lo que ubica a México entre 75 y 100 puntos por debajo de ese promedio según la materia. Como referente latinoamericano, los resultados de Chile en 2022 —el país de la región con mejores resultados históricos en la prueba— fueron de 412, 448 y 444 puntos en matemáticas, lectura y ciencias respectivamente.
Esa foto global no es novedad, pero cobra un significado particular a la luz de la pandemia. En 2021, desde el área de educación de la Universidad Iberoamericana, un equipo encabezado por Luis Medina Gual y Arcelia Martínez Bordón aplicó las pruebas PLANEA-SEN a más de 260,000 estudiantes de grados terminales de educación básica y media superior -uno de los pocos esfuerzos de evaluación independiente a escala nacional tras la desaparición del INEE-. Los resultados confirmaron pérdidas de aprendizaje sustantivas en lenguaje y matemáticas en todos los niveles, con brechas que golpearon con más fuerza a quienes ya estaban en situación de desventaja (ver https://educacion.nexos.com.mx/la-pandemia-y-su-impacto-negativo-en-el-aprendizaje-t).
El punto central no es si perder cinco semanas de clase hace una diferencia estadística medible, quizá no para todos los estudiantes, aunque muy probablemente sí para aquellos con mayores carencias educativas, sino que México opera hoy sin un sistema nacional de evaluación educativa que permita tomar decisiones con base en evidencia y con transparencia. Hoy las decisiones sobre el calendario, los contenidos y la organización escolar se toman sin un termómetro confiable y público.
En ese vacío de información, reducir el tiempo en el aula es una apuesta que el sistema educativo mexicano no puede permitirse, no porque cada hora sea igual de valiosa en todos los contextos, sino porque no tenemos manera de saber cuál es la que ya sobra.
Una decisión de cuatro días, una estructura de décadas
La velocidad con que se anunció y se revocó el cambio del calendario escolar es síntoma de un problema de diseño institucional: en México, decisiones que afectan a más de 24 millones de estudiantes, a sus familias y a millones de trabajadores pueden tomarse y deshacerse en días, porque faltan mecanismos vinculantes de consulta previa, marcos técnicos que obliguen a sustentar los cambios con evidencia pedagógica y, muy importante, instancias independientes que evalúen su pertinencia.
El propio secretario de Educación reconoció, al anunciar la marcha atrás, que “faltaron voces de padres, madres de familia y del magisterio”. Esa es exactamente la cuestión: no existe un espacio institucional donde esas voces puedan escucharse antes de que se tome una decisión.
La discusión sobre ¿cómo debe construirse el calendario escolar?, ¿cómo se atiende el calor extremo sin sacrificar días de clase?, ¿qué papel tienen un mega evento como el Mundial de Fútbol en la planificación educativa? es legítima y necesaria. Pero esa discusión requiere una arquitectura institucional que hoy no existe: evaluación continua de aprendizajes, criterios técnicos claros para modificaciones regionales y un proceso de deliberación que no dependa de la coyuntura.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que el sistema educativo sea tan maleable que cualquier presión, de carácter climática, deportiva o política, lo reorganice de arriba abajo en 72 horas.
El costo que nadie presupuesta: cuidados, mujeres y la doble jornada invisible
En el debate, hubo un tema que merece subrayarse. Al defender la propuesta y al reconocer sus límites, las autoridades admitieron algo que rara vez se dice con tanta claridad: cuando la escuela cierra, la carga del cuidado recae sobre las mujeres. La escuela, se reconoció, hace las veces de espacio de resguardo para millones de familias trabajadoras.
Es una verdad incómoda, pero no nueva. El Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (CECRIGE) de la Universidad Iberoamericana publicó en marzo de 2026 un estudio que documenta que la carga mental por cuidados no remunerados equivale al 25% del PIB de México (para saber más sobre los resultados del estudio ver https://transparencia.ibero.mx/CECRIGE/). Esa economía invisible sostiene a la economía formal, pero no aparece en ningún presupuesto ni en ningún indicador de política pública. Según el INEGI, las mujeres en México dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado -más del doble que los hombres-. Otros datos importantes: tres de cada diez mujeres trabajadoras son jefas de familia, y, de acuerdo con la encuesta del CECRIGE, únicamente 3 por ciento de las mujeres puede delegar tareas de cuidado y pagar por servicios de cuidado, es decir, contratar niñeras y enfermeras, de ser el caso.
La escuela no debería ser la solución a esa desigualdad estructural, sin duda. Pero mientras no exista un sistema nacional de cuidados -con estancias infantiles, con políticas de flexibilidad laboral, con corresponsabilidad real entre el Estado, las empresas y los hogares- la escuela cumple esa función de facto. Y cualquier decisión que la interrumpa sin planeación transfiere ese costo, sin aviso y sin compensación, a las mismas personas que ya cargan con la mayor parte de él.
UNICEF fue precisa al respaldar el mantenimiento del calendario: las interrupciones escolares no planeadas generan una carga adicional, en particular para mujeres cuidadoras que trabajan en la informalidad o no tienen acceso a opciones de cuidado infantil. No es un argumento contra la flexibilidad. Es un argumento para que esa flexibilidad venga acompañada de políticas públicas.
Lo que el Mundial no se lleva
El ciclo escolar terminará el 15 de julio. El debate, sin embargo, debe continuar…
Lo que este episodio pone sobre la mesa es que México necesita reconstruir su capacidad de evaluación educativa independiente. Necesita también de mecanismos de consulta que hagan que las voces de familias, docentes y comunidades sean parte del proceso y no de un escándalo posterior. Y también necesita, y de manera urgente, de una política educativa que incluya una perspectiva de género desde el diseño.
El Mundial durará unas semanas… Pero la deuda educativa y de cuidados que esta polémica sacó a la luz lleva décadas acumulándose. Esa es la discusión que vale la pena no dejar enfriar.