Nexos con el crimen organizado — El General Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes por primera vez ante la juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y lo hizo encadenado de pies y manos y cabisbajo se limitó a responder brevemente las preguntas de la jueza.
Al cumplirse un mes desde que el Departamento de Justicia acusó a nueve funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa, entre ellos el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Izunza, el extitular de seguridad pública estatal, que se entregó a las autoridades de EU, es el primero de los imputados que se presenta de manera formal ante una juez para responder or las imputaciones en su contra.
Durante la audiencia, la jueza que lleva el caso de Mérida Sánchez, Katherine Polk Failla, subrayó durante su intervención que la evidencia en contra del acusado es “abundante”, por lo que se viene una ola de más imputaciones.
Katherine Polk resaltó que en las diligencias de este proceso “hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, aseguró la juzgadora.
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se presentó la mañana de este 1 de junio ante la jueza Polk Failla y vestía el uniforme de reo color beige con camiseta gris, y llegó encadenado de pies y manos y la cintura escoltado por dos alguaciles federales.
El fiscal David Robles comentó a la juez que la evidencia que estarán compartiendo con la defensa incluye pruebas particulares sobre Medina como también algunas que aplican a todos los 10 acusados en este caso.
Mérida Sánchez tuvo una audiencia previa celebrada en días recientes donde se declaró no culpable de los cargos que se le atribuyen. Su defensa está a cargo de la abogada estadounidense Sarah Krissoff, exfiscal federal especializada en casos de crimen organizado y lavado de dinero.
El extitular de seguridad del gobierno de Rubén Rocha Moya es señalado por fiscales estadounidenses de haber colaborado con la facción criminal conocida como los “Chapitos”. Según la acusación, habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares a cambio de brindar protección e información sobre operativos de seguridad.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le imputa delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas. De ser encontrado culpable, podría enfrentar penas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.
La juez federal Katherine Polk Failla ordenó que las partes se encontrarán de nuevo en la próxima audiencia el próximo 4 de agosto.
La Crónica de Hoy 2026