La reforma promulgada para aplazar hasta 2028 la elección judicial y extender el periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evidencia fallas de origen en su diseño pero sobre todo es anti democrática pues la Constitución establece los límites para esos cargos.
Asimismo, advirtió que la permanencia extraordinaria de los magistrados podría generar cuestionamientos sobre su imparcialidad en futuros procesos electorales.
“Sí, así es, se abre la puerta a conflictos de intereses”, advirtió
La reforma que se aprobó en el pasado periodo extraordinario para aplazar del 2027al 2028 la elección judicial también incluyó que cuatro integrantes actuales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan mantenerse en el cargo por un nuevo periodo.
Con ello, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón, que originalmente concluirían funciones en 2022 o 2025, y cuyos periodos ya habían sido ampliados previamente, podrían permanecer en sus puestos hasta 2033 si logran ganar la contienda por voto popular.
Entrevistado previo al acto conmemorativo por el aniversario luctuoso de Manuel Camacho Solís, el ex director del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, Diego Valaés, aseveró que establecer la posibilidad de que esos magistrados puedan ampliar su mandato “es una decisión que no corresponde a un Estado democrático y Estado de derecho.
Valadés fue particularmente crítico respecto a la ampliación del periodo de los magistrados electorales incluida en la misma reforma, al considerar que contradice lo establecido por la Constitución mexicana.
“Es realmente incomprensible dentro del sistema constitucional mexicano que se haga este tipo de prórrogas cuando la Constitución era muy clara en cuanto a los límites establecidos”, expresó.
El jurista aseguró que incluso dentro de la fuerza política mayoritaria existen diferencias sobre esta decisión y estimó que eventualmente tendrá que ser corregida.
“Creo que en algún momento se tendrá que corregir lo que a todas luces es una decisión antidemocrática”, sostuvo.
Cuestionado sobre si la ampliación del mandato de los magistrados podría interpretarse como un pago de favores tras las resoluciones del Tribunal Electoral que permitieron a Morena y sus aliados alcanzar una amplia mayoría legislativa, Valadés evitó emitir un juicio sobre las motivaciones políticas detrás de la medida.
“Eso ya sería un pronunciamiento muy subjetivo”, respondió.
No obstante, insistió en que, más allá de las interpretaciones políticas, la decisión es incompatible con los principios de un Estado democrático y de derecho.
Valadés consideró comprensible la decisión de posponer la elección judicial prevista para 2027, debido a las dificultades operativas que implicaba hacerla coincidir con los comicios políticos ordinarios.
“Las dificultades técnicas para juntar la elección política con la elección judicial resultaban insuperables”, señaló.
PATEAR EL BOTE
Sin embargo, sostuvo que el cambio de fecha confirma que la reforma judicial fue concebida de manera errónea desde un principio, ya que el problema volverá a presentarse en los próximos procesos electorales.
“El problema se presentará después, porque sólo se aplazó la elección correspondiente a 2027, pero subsiste la de 2030, que seguramente tendrá que aplazarse también a 2031. Esto no hace sino confirmar que el diseño fue un diseño muy equivocado”, afirmó.