La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que las periodistas potosinas Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo obtuvieron su libertad del Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí “La Pila”, luego de que un juez revisara su situación jurídica y determinara que continuaran el proceso fuera de prisión.
A través de un comunicado, la dependencia federal informó que, mediante la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindó acompañamiento a las comunicadoras, quienes habían sido acusadas del supuesto delito contra la identidad de las personas.
La resolución fue emitida por un Juez de Control, que ordenó su liberación inmediata tras analizar el caso. Segob señaló que tanto la dependencia como la UASJ mantendrán seguimiento al proceso.
La noche de este mismo día también se confirmó que el juzgador concedió la suspensión provisional del procedimiento como una salida alterna. De acuerdo con la información preliminar, ambas periodistas deberán cumplir ciertas condiciones para enfrentar el proceso en libertad.
Entre las medidas cautelares impuestas destacan residir en un domicilio fijo, acudir periódicamente a firmar de manera mensual ante la autoridad correspondiente y atender la forma en que se realizará el pago de la reparación del daño establecida por el juez.
El caso tomó relevancia nacional después de que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuviera el pasado 21 de mayo a Christian Herrera, integrante del portal Código Rojo; a Eréndira Reyes, directora del medio San Wicho Times; y a Alejandra Hermosillo. Además, trascendió la existencia de investigaciones abiertas contra otros comunicadores, entre ellos la periodista Anahí Torres González.
Las indagatorias estarían relacionadas con contenidos difundidos en plataformas digitales y con el presunto uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, un tema que ha comenzado a generar discusión entre especialistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Versiones difundidas en medios locales señalan que el conflicto se intensificó tras la circulación de un video que incluía referencias a la delincuencia organizada y señalamientos hacia actores políticos. Sin embargo, el fondo del caso ha despertado preocupación entre organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales.
Estos colectivos han advertido que la aplicación de reformas o figuras legales vinculadas con el uso de inteligencia artificial podría derivar en efectos inhibitorios para periodistas, creadores de contenido y medios independientes, especialmente si no existen criterios claros que distingan entre conductas delictivas y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
En su posicionamiento, la Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la protección del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, subrayando que todo procedimiento debe desarrollarse con respeto al debido proceso y al Estado de derecho.
La liberación de Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo no cierra el caso, pero sí marca un nuevo capítulo en una discusión que comienza a ganar fuerza en el país: cómo regular el uso de nuevas tecnologías sin poner en riesgo el trabajo de quienes ejercen el periodismo y el derecho de la sociedad a estar informada.