Al acusar que en México no hay investigaciones independientes, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador por posibles delitos de lesa humanidad por más de 200 mil homicidios, 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico.
La denuncia interpuesta ante el tribunal de la Haya es extensiva a diversas organizaciones criminales para que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de los pactos político-criminales que se implantaron y expandieron en México entre Morena, López Obrador y esos grupos criminales.
“No serán las autoridades judiciales mexicanas, cooptadas por Morena quienes resuelvan sobre la presunta responsabilidad de López Obrador, sino un organismo internacional”, estableció
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia internacional independiente, cuya sede se encuentra en la ciudad de La Haya, Países Bajos. Su función principal es investigar y enjuiciar a los individuos responsables de los crímenes más graves a nivel mundial: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
El blanquiazul advierte en la denuncia que la realidad que hoy vive México en materia de inseguridad, no es producto de la causualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el “ híper empoderamiento del Crimen Organizado en México”, a raíz de establecer un pacto político con los gobernantes de Morena estatales y federales encabezado por López Obrador.
La denuncia también sostiene que entre 2018 y 2024, es decir, en el gobierno de López Obrador, se implementó una política deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
Agrega que el narcopacto conocido como “abrazos, no balazos” permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país.
Al mismo tiempo, han surgido señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores de Morena y organizaciones criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político.
Por ello a el PAN aclara que acuden a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes.
El PAN aseveró que seguirá denunciando todo lo que tenga qué denunciar pues es la voz de millones de personas que claman justicia por sus seres queridos y que saben que una supuesta transformación los traicionó.
“Las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, sentenció