El PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para solicitar información detallada sobre el funcionamiento financiero, administrativo y operativo de las denominadas “Cafeterías del Bienestar”, recientemente abiertas por el Gobierno Federal como espacios de comercialización de productos provenientes de pequeños productores nacionales.
Por ello exigieron a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y a las autoridades competentes a la presentación de un informe integral con detalle sobre el origen de los recursos, los mecanismos de administración financiera, los ingresos generados y el destino específico de las ganancias.
También solicitaron información sobre el porcentaje de los ingresos que llega directamente a los productores, así como sobre los criterios de selección de proveedores y beneficiarios.
Del mismo modo, pidieron a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación la revisión, sobre el ejercicio y destino de los recursos públicos relacionados con las “Cafeterías del Bienestar”, así como la garantía de mecanismos permanentes de transparencia y rendición de cuentas respecto de la operación y los resultados del proyecto.
Las Cafeterías del Bienestar (oficialmente llamadas CACfeterías) son espacios impulsados por el Gobierno de México para vender productos cultivados por sembradoras y sembradores de programas sociales. Ofrecen café y alimentos 100% agroecológicos y sin intermediario
La bancada tricolor indicó que la apertura de establecimientos comerciales vinculados con programas gubernamentales genera cuestionamientos legítimos sobre el origen de los recursos destinados a su operación, los costos de instalación y funcionamiento, los ingresos obtenidos y la forma en que dichos recursos benefician a los productores participantes.
Asimismo, advirtieron que el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, mientras que el artículo 6° garantiza el derecho de acceso a la información pública, por lo que las autoridades tienen la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos relacionados con este tipo de proyectos.
Reconocieron que si bien el impulso al comercio justo y al fortalecimiento de las economías locales representa una medida positiva, resulta indispensable la garantía de absoluta transparencia sobre el manejo de los recursos, el destino de las ganancias y los mecanismos de supervisión aplicables a este proyecto.