Depósitos bancarios ilícitos — Con cerca de 11,000 carpetas de investigación al año por el delito de extorsión, lo que ha causado pérdidas anuales a comercios y víctimas de este ilícito por más de 15 mil millones de pesos, lo que equivale al 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el Gobierno Federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lanzó una estrategia para frenar este turbio “negocio” en el que echan mano criminales, en particular desde penales, con cuentas bancarias conocidas como de paso, puente o mula, que son eliminadas casi de inmediato tras concretarse retiros de dinero producto de esta fechoría.
El titánico desafío involucra de manera coordinada a la banca nacional, ya que el objetivo es detectar de manera inmediata para su bloqueo y congelamiento de dinero, todas las cuentas etiquetadas como dudosas, donde transacciones y depósitos que se hagan producto de extorsiones, como el que opera desde los penales, donde depósitos se mueven en cuestión de minutos, ya sea que se retira o se dispersa mediante aplicaciones móviles, borrando todo rastro de falsos prestanombres que facilitaron operaciones ilícitas que hasta ahora han sido difíciles de detectar.
Informes de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ha dado seguimiento a manejos de cuentas relacionadas con “cobros de piso” y extorsiones, refiere que en los últimos cinco años hay un registro estimado de 1.5 millones de alertas financieras de carácter inusual por transacciones sospechosas.
CUENTAS DE PASO
Las autoridades han identificado a la apertura y uso de estas cuentas como puente o de paso, que son utilizadas de forma temporal para recibir dinero ilícito, dispersarlo rápidamente a otras cuentas para borrar el rastro y luego ser canceladas o abandonadas.
En el ámbito financiero y de ciberseguridad, cuando se abren cuentas con identidades falsas o robadas para este fin, también se les asocia con el término cuentas mula, en las que se usa a prestanombres o a víctimas que facilitan sus cuentas.
Sobre este punto, reportes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que monitorea el impacto de extorsiones a negocios de sus agremiados, apunta que en 2025 y lo que va del 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estima entre 800 y 900 denuncias mensuales por extorsión a nivel nacional, lo que representa una cifra de cerca de 11,000 carpetas de investigación al año.
Asimismo, organizaciones civiles como el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Causa en Común y las propias autoridades de Hacienda, consideran que hay una cifra negra que supera el 97% de víctimas de este delito y que no lo denuncian, como cita el periódico británico “The Guardian” en un reporte de los primeros días de junio del 2026, en el que, con base en información de las autoridades, solo se denuncia el 0.2 % de los casos de extorsión.
Información de la Organización civil México Evalúa, que revisa las políticas públicas de seguridad en el país, refirió en 2025 que en los últimos cinco años, el sistema financiero nacional remitió a la UIF un promedio anual de entre 250,000 y 390,000 reportes de operaciones inusuales a los bancos, que son las alertas de transacciones sospechosas que no coinciden con el perfil de operaciones lícitas de los clientes tradicionales, lo que sugiere un origen potencialmente ilícito.
OPERACIÓN SOSPECHOSA
México Evalúa y el ONC coincidieron, con base en estos datos, que solo en 2024 se registraron 319,211 reportes de operaciones sospechosas productos presuntamente de extorsiones, mientras que entre enero y agosto del 2025 se reportaron 238,186 alertas, proyectando más de 350,000 casos al cierre del año.
En un acumulado de los últimos cinco años, la cifra de presuntas operaciones ilícitas por extorsión en instituciones financieras y bancos superó los 1.5 millones de alertas que han sido detectadas por la UIF, pero por la rapidez con la que actúan grupos criminales para desaparecer esas cuentas ha sido imposible congelarlas y retener el dinero de éstas.
A pesar de la falta de datos concretos sobre los casos de extorsión procedentes de las cárceles del país, la UIF y especialistas en seguridad estiman que entre el 65% y el 70% de las llamadas de extorsión a nivel nacional y que en muchos casos resultan en depósitos ilícitos a cuentas mula, provienen de centros penitenciarios.
De acuerdo con datos del Global Organized Crime Index, ente que evalúa y clasifica a 193 países que enfrentan problemas de inseguridad por acciones del crimen organizado, la extorsión en México ha causado pérdidas anuales estimadas en más de 15 mil millones de pesos, el equivalente a cerca del 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según refiere información publicada el pasado 3 de junio por el periódico británico “The Guardian”, que clasifica a México entre los cinco países con mayor número de extorsiones y crimen organizado a nivel global, junto con Libia, Colombia, Honduras y Somalia.
ESTRATEGIA
En este contexto y en busca de frenar el aumento de operaciones de las denominadas cuentas de paso o mula, creadas por grupos criminales de forma temporal para recibir dinero ilícito, dispersarlo rápidamente a otras cuentas para borrar el rastro y luego cancelarlas o abandonadas, la UIF presentó una estrategia o guía de monitoreo obligatoria con la que se exige a las instituciones financieras, principalmente a los bancos, identificar patrones en tiempo real de depósitos dudosos, como transferencias repetitivas con conceptos idénticos o dispersión acelerada a través de aplicaciones móviles, con el propósito de congelar el flujo de ese dinero antes de que salga del sistema bancario.
De acuerdo con el organismo de la Secretaría de Hacienda, el rastreo de estas operaciones desde las cárceles los ha llevado a seguir el comportamiento de los criminales al realizar transferencias o depósitos, para lo que necesitan una red afuera del penal como cómplices, familiares o personas a las que engañan o amenazan para que presten sus nombres en la apertura de cuentas receptoras.
Para frenar estas transacciones, la Unidad de Inteligencia de Hacienda emitió junto con la Asociación de Bancos de México (ABM), el pasado 25 de mayo, la “Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión”, para que los bancos utilicen modelos automatizados, con inteligencia artificial y algoritmos, para detectar con inmediatez el patrón de comportamiento irregular de depósitos y se puedan congelar las cuentas y detener el dinero en éstas.
En el caso de los algoritmos del banco, el objetivo es que éste “congele” preventivamente la transacción en el segundo exacto en que se detecta la dispersión acelerada de dinero, antes de que los fondos sean retirados del banco.
Con base en esta guía, su entrada en vigor y su aplicación dependerá de varios factores que determinarán los propios bancos, es decir, deberán contar con la aprobación interna en cada institución bancaria, lo que se deberá evaluar y determinar en los primeros 60 días tras la emisión de esta estrategia, para presentar y someterla ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control.
Una vez aprobada, los bancos disponen de otros 60 días para integrar de manera definitiva estos nuevos criterios, señales de alerta y algoritmos en sus modelos operativos de riesgo para frenar las operaciones ilícitas de grupos delincuenciales.
Con base en este punto, la banca en México cuenta con un plazo máximo de 120 días naturales a partir de finales de mayo de 2026, para que estas medidas de monitoreo transaccional operen al 100% en todo el sistema financiero.
La Crónica de Hoy 2026