La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que pidió a las autoridades actuar con prudencia y garantizar el derecho a la protesta pacífica de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, el llamado ocurre en un contexto marcado por diversos actos de vandalismo y daños materiales registrados durante las movilizaciones de los últimos días.
La CNDH expresó su preocupación por el ambiente de tensión que se ha generado en los accesos a la Ciudad de México, particularmente por las revisiones y restricciones impuestas a autobuses en los que viajaban estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
De acuerdo con el organismo, desde el pasado 8 de junio personal de la institución se mantiene en la caseta de ingreso a la capital para vigilar el respeto a los derechos humanos de quienes participan en las manifestaciones y contribuir al diálogo entre autoridades y manifestantes.
La comisión señaló que le preocupa que se impida el acceso a la Ciudad de México a los estudiantes que buscan participar en las actividades programadas junto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Asimismo, indicó que los jóvenes han manifestado su disposición al diálogo y aseguraron que su intención es participar en protestas pacíficas.
No obstante, mientras la CNDH insiste en la importancia de respetar el derecho a la manifestación, las movilizaciones relacionadas con Ayotzinapa también han dejado una serie de afectaciones a negocios y bienes particulares que han generado molestia entre ciudadanos y comerciantes.
Entre los daños reportados se encuentra la destrucción de un vehículo, además de afectaciones a establecimientos comerciales ubicados en distintas zonas de la capital. Un local de la cadena Oxxo fue vandalizado, mientras que una panadería también resultó con daños en su infraestructura y mobiliario.
A estos hechos se suman afectaciones a sucursales de las cadenas Domino’s Pizza y Little Caesars, cuyos inmuebles presentaron daños durante las protestas. Las imágenes de cristales rotos, pintas y mobiliario afectado han circulado ampliamente en redes sociales, provocando críticas de diversos sectores de la sociedad.
Comerciantes de las zonas afectadas han señalado que, aunque reconocen el derecho de las familias y estudiantes a exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas, consideran que los actos vandálicos perjudican a personas que no tienen relación con los hechos que motivan la protesta.
La propia CNDH condenó cualquier expresión de violencia, sin importar de dónde provenga. En su comunicado señaló que el hallazgo reciente de una caja con petardos es un hecho preocupante y reiteró que las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica y sin acciones que escalen a la violencia o al vandalismo.
El organismo destacó que el derecho a la protesta es una libertad fundamental que debe garantizarse en un sistema democrático, pero subrayó que ello no implica justificar daños a terceros ni actos que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que permitan el libre tránsito de los manifestantes y privilegien el diálogo antes que medidas que puedan aumentar la confrontación. También pidió que las acciones de seguridad se desarrollen con apego a los derechos humanos y evitando el uso desproporcionado de la fuerza.
La situación mantiene un ambiente de incertidumbre en la Ciudad de México, donde continúan las movilizaciones de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y de los normalistas de Ayotzinapa. Mientras las autoridades buscan mantener el orden, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que debe protegerse el derecho a la libre manifestación.
Sin embargo, los recientes daños a negocios y propiedades han reavivado el debate sobre los límites de la protesta social y las consecuencias que tienen los actos vandálicos para comerciantes, trabajadores y ciudadanos que terminan enfrentando pérdidas económicas derivadas de las movilizaciones.
Por ahora, la exigencia de justicia por el caso Ayotzinapa sigue siendo el centro de las protestas, aunque los destrozos registrados durante algunas de estas acciones han generado cuestionamientos sobre la forma en que se desarrollan las manifestaciones y el impacto que tienen en la vida cotidiana de la capital del país.