El contrato celebrado entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la empresa de seguridad pública Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México S.A. de C.V. se encuentra bajo el escrutinio de los órganos de control luego de que esta empresa cuenta con antecedentes de sanciones administrativas en el l registro de proveedores gubernamentales.
La adjudicación de este convenio de vigilancia ha motivado cuestionamientos respecto a los mecanismos de supervisión y evaluación aplicados en los procedimientos de contratación pública derivado de los antecedentes en contratos gubernamentales durante distintos periodos donde acumula observaciones y penalizaciones previas emitidas por las autoridades fiscalizadoras.
De acuerdo con información disponible en registros oficiales, la empresa ha prestado servicios de vigilancia y seguridad para diversas dependencias federales, entre ellas el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
La normatividad en materia de adquisiciones contempla requisitos específicos para la selección de proveedores, así como herramientas de verificación destinadas a garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y administrativas por parte de las empresas participantes.
Los expedientes relacionados con el procedimiento permanecen sujetos a los mecanismos ordinarios de fiscalización y transparencia previstos por la legislación aplicable. Asimismo, las instancias competentes podrán llevar a cabo revisiones posteriores para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y jurídicos correspondientes
En este contexto, la reciente contratación realizada por el Instituto Politécnico Nacional ha generado interés sobre los criterios utilizados durante el proceso de adjudicación y sobre la revisión de antecedentes corporativos de los proveedores involucrados.