La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por 59.6 millones de pesos a cuatro empresas y seis personas por coludirse en licitaciones públicas de material para radiografías lo que implicó una afectación muy fuerte para el sistema de salud público sobre todo el IMSS e ISSTE que realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico en ese periodo.
Las radiografías constituyen una herramienta diagnóstica fundamental, con mayor peso aún en regiones donde los servicios especializados son escasos.
De acuerdo con la resolución, las empresas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias de presentación de propuestas. La conducta se realizó entre octubre de 2010 y diciembre de 2016.
Tan solo l IMSS y el ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico entre 2024 y 2025, beneficiando a cerca de 15 millones de personas.
Los agentes económicos sancionados podrán interponer los medios de defensa correspondientes ante los tribunales especializados.
La Comisión refrendó su compromiso con la detección y sanción de conductas que limiten la libre concurrencia, especialmente en sectores donde la competencia efectiva es condición necesaria para que los recursos públicos cumplan su propósito social.
A su vez el IMSS aseguró que esa resolución por colusión de empresas en el sector de la salud confirma s problemas de concentración y contratación que enfrentaba el Instituto Mexicano del Seguro Social en administraciones previas.
La conducta sancionada –agregó--evidencia prácticas indebidas en un mercado relevante para la prestación de servicios de salud, en el que las empresas y personas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias para la presentación de propuestas.
“ El caso ilustra los riesgos que las prácticas colusorias representan para las compras públicas y constituye un precedente relevante para fortalecer la detección, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud”, aseveró
El IMSS aseveró que a partir de los nuevos esquemas de contratación, se han fortalecido los mecanismos de vigilancia, competencia y transparencia en sus procesos de compra, con el objetivo de reducir la concentración de contratos, evitar distorsiones en el mercado y garantizar que los recursos públicos cumplan su propósito social: beneficiar a la población derechohabiente sin intermediaciones indebidas, sobrecostos ni prácticas que limiten la competencia efectiva.