La lucha contra las irregularidades dentro del servicio público dejó una nueva lista de sanciones con un total de 27 personas servidoras públicas fueron castigadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que cometieron distintas faltas administrativas, algunas consideradas graves y otras no graves, en resoluciones derivadas de investigaciones realizadas por órganos internos de control y unidades de responsabilidad de diversas dependencias federales.
El caso de mayor impacto ocurrió en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), actualmente Alimentación para el Bienestar (AliBien), donde cuatro exfuncionarios recibieron una inhabilitación de diez años y una sanción económica solidaria por 777.8 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, María G., René G., Miguel C. y Juan R., quienes se desempeñaban en áreas relacionadas con Planeación, Precios de Garantía, Estímulos y Administración y Finanzas, utilizaron recursos del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación y también para financiar el Programa de Fertilizantes durante 2019.
Las sanciones fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia encargada de resolver las faltas graves conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además de este caso, también se emitieron sanciones contra funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la CFE, Ramiro R., adscrito a la División de Distribución Zona Torreón, fue inhabilitado por un año y sancionado económicamente por recibir dinero a cambio de eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.
Por su parte, Shiddarta V., funcionario del Instituto Nacional de Migración, recibió una inhabilitación de un año y una sanción económica por sustraer bienes propiedad del organismo en 2021.
En el IMSS, Carlos M., adscrito a la Unidad de Medicina Familiar 178 en Jalisco, fue inhabilitado durante un año después de realizar estudios de rayos X a una paciente sin contar con su autorización.
Faltas administrativas
La secretaría también informó sobre diversas sanciones relacionadas con faltas no graves cometidas en dependencias federales.
Entre ellas destaca el caso de Luis J., trabajador de Pemex en Chiapas, quien fue destituido e inhabilitado durante tres meses por dirigirse de manera irrespetuosa a sus compañeros e introducir bebidas alcohólicas en su centro de trabajo.
En la misma empresa, Margarita S. y Graciela P., adscritas al área jurídica en Veracruz, fueron suspendidas por 30 días tras presentar incorrectamente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Manuel S., adscrito al Centro Federal de Readaptación Social número 15 en Chiapas, fue inhabilitado por cuatro meses por introducir estupefacientes.
Mientras tanto, en la Guardia Nacional fueron suspendidos por 30 días Gerardo A., Michel L., Jorge C., Brenda H. y Pedro P., luego de detectarse que proporcionaron constancias de estudios sin validez durante procesos de evaluación relacionados con licencias oficiales para portación de armas.
Acoso laboral
Las resoluciones también alcanzaron conductas relacionadas con el ambiente laboral dentro de las instituciones.
En el IMSS, Marco C. fue inhabilitado por tres meses por falsificar la firma de su superior para justificar una ausencia laboral. Además, Yazmín V. recibió una suspensión de 15 días por faltas de respeto hacia otra servidora pública.
En la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Claudio M. fue suspendido por 30 días por enviar mensajes de carácter sexual a una subordinada.
La Secretaría de Economía también registró una sanción. Ignacio R., adscrito a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, fue suspendido durante tres días por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.
Por otra parte, Teresa E. y Ricardo C., funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), recibieron una amonestación pública por malos tratos hacia subordinados y por omitir atender denuncias relacionadas con esas conductas.
La Comisión Federal de Electricidad acumuló otros dos casos. Beatriz G. fue suspendida por generar un contrato de suministro eléctrico sin contar con la documentación requerida y omitir adeudos existentes, mientras que Verónica R. recibió una sanción por tramitar 36 solicitudes de suministro sin tener atribuciones para hacerlo.
En el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), León G. fue suspendido siete días por autorizar una solicitud de crédito por 29 mil pesos sin verificar adecuadamente la identidad del solicitante.
También fueron sancionadas María G. y Mitzy F., adscritas a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por permitir comisiones inexistentes que evitaban descuentos salariales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que todas las sanciones fueron determinadas considerando la gravedad de cada conducta y bajo criterios de proporcionalidad establecidos en la ley.
Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones correspondientes. En caso de que lo hagan, la dependencia aseguró que defenderá cada uno de los procedimientos con base en las pruebas obtenidas durante las investigaciones.
Finalmente, la dependencia reiteró su llamado a denunciar cualquier conducta irregular dentro del servicio público a través de la plataforma oficial de denuncias y sostuvo que continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.